Tras finalizar el trabajo de la comisión investigadora, legisladores de la oposición aseguraron que no se comprobaron hechos de corrupción en la contratación de las patrulleras oceánicas y cuestionaron la decisión de rescindir el acuerdo
La Coalición Republicana acusó este miércoles al gobierno de haber llevado adelante una “operación política” con el caso Cardama para perjudicar a la administración de Luis Lacalle Pou y defendió la legalidad del proceso de contratación de las patrulleras oceánicas.
En una conferencia de prensa previa a la sesión de la Asamblea General, legisladores de la oposición presentaron sus conclusiones tras el trabajo de la comisión investigadora, que celebró 17 sesiones y recibió a 23 personas.
“Una rescisión que se precipitó premeditadamente y con un trabajo lamentable que se inició en la transición y luego en el inicio del gobierno, en la búsqueda de una operación política para terminar con la construcción de las patrulleras oceánicas y de la obra del gobierno de Luis Lacalle Pou”, afirmó el diputado nacionalista Gabriel Gianoli.
El legislador sostuvo que ninguno de los comparecientes habló de corrupción, coimas, favorecimiento de empresas o actos ilícitos por parte de los jerarcas de la administración anterior.
Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani cuestionó los motivos de la rescisión del contrato. “El problema es que un año después ni pudo encontrar nada, ningún hecho ilícito que pudiera acreditar, a pesar de tener acceso a toda la información disponible en el Estado y de los cinco meses de trabajo en la comisión investigadora”, expresó.
“Lo que vamos a demostrar es que el gobierno actuó con intencionalidad política de lesionar a sus opositores y con cargo al patrimonio público y a la soberanía nacional”, agregó.
El senador Javier García, que fue ministro de Defensa durante el gobierno anterior y parte de los cuestionados, también defendió el procedimiento y aseguró que los testimonios recogidos por la comisión respaldan su legalidad.
“En la versión taquigráfica de la comisión investigadora está demostrada con absoluta claridad la operación política llevada adelante y la legalidad de todo el proceso”, sostuvo.
Consultado sobre la investigación de Fiscalía, García aseguró que considera positivo que se remitan las actuaciones parlamentarias para su análisis.
En tanto, el diputado Pablo Abdala apuntó contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y recordó que integrantes de la oposición presentaron una denuncia penal por presuntos delitos de abuso de funciones y usurpación de funciones vinculados a su actuación.
Abdala también advirtió sobre las posibles consecuencias económicas de la rescisión. Según indicó, el Estado ya invirtió 30 millones de euros en el contrato, de los cuales 20 millones fueron pagados durante la actual administración.
Además, sostuvo que Uruguay enfrenta riesgos jurídicos por el arbitraje internacional iniciado a raíz de la rescisión y por eventuales reclamos de indemnización.
“En definitiva, haber terminado de una manera arbitraria con un contrato que estaba en plena ejecución, provocándole un daño absolutamente incuestionable al Estado”, afirmó.
Por otra parte, Gianoli acusó a Lazo de haber permitido la actuación de personas sin vínculo funcional con el Ministerio de Defensa para realizar investigaciones internas y mantener reuniones con empresas.
Finalmente, García cuestionó que Uruguay continúe sin las patrulleras oceánicas y afirmó que, de haberse mantenido el contrato, la primera embarcación podría haber estado disponible a fines de este año.
“Las decisiones políticas, las decisiones llevadas adelante por intencionalidades menores nos están saliendo caras a los uruguayos”, concluyó.
