El 19 de mayo el presidente le pidió la renuncia a Guillermo Iglesias en Antel luego que este aprobara la presupuestación de 857 trabajadores contratados en régimen de función pública.
Tras resolver la remoción, Lacalle Pou ordenó dar marcha atrás con la resolución que se venía negociando de la administración anterior.
En la misma línea se había suspendido la contratación de una encuesta por parte del Ministerio de Desarrollo Social, con valor cercano al medio millón de pesos, entendiendo que el contexto económico hacía inconveniente la compra de dicha consultoría.
Asimismo, en un acto similar el 1 de abril Lacalle había suspendido la compra de mobiliario para la estancia Anchorena, que se destinarían a la casa de la administradora de la finca presidencial, pero contradecía un decreto del 11 de marzo cuyo objetivo era impedir estas adquisiciones por el déficit fiscal.
