Para eso está en etapa de reglamentación un decreto que establece obligaciones a la administración, como diseñar planes de capacitación a trabajadores o implementar campañas de información pública.
Ese texto define al acoso sexual como una manifestación de la violencia basada en género que afecta los derechos de las personas, en particular de las mujeres.
“Es una conducta física o verbal de naturaleza sexual o connotación sexual realizada por una o más personas contra otra u otras personas sin su consentimiento, que afecta la dignidad y derechos fundamentales como la libertad, integridad y libre tránsito de la persona acosada, genera intimidación, hostilidad, degradación, humillación y un ambiente ofensivo en esos espacios o medios de transporte", establece.
Según informa el diario El País, el decreto en reglamentación señala que el acoso puede manifestarse en actos, comentarios, miradas e insinuaciones de naturaleza sexual, de tipo verbal o gestual, tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo, masturbación o exhibicionismo. También fotografías o grabaciones no consentidas y persecución o seguimiento.
La iniciativa aprobada por la Junta Departamental identifica como problema social al acoso callejero y establece abordajes para su prevención y control.
Prevé obligaciones para la Intendencia de Montevideo, como sensibilizar a la ciudadanía y diseñar en conjunto con las empresas contratantes un plan de capacitación para el personal, así como también incorporar información sobre la temática en los medios de transporte y vía pública para realizar denuncias.
