El Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló la multa por US$ 267.035 que se había aplicado al escribano Adolfo Pittaluga.
El profesional intervino en la reserva del campo que fue comprado entre fines del 2010 y principios del 2011 por una sociedad anónima presidida por el contador de Lázaro Báez, el empresario que está preso en Argentina acusado de liderar una red de lavado de dinero y sobreprecios presuntamente asociada a los Kirchner.
Lo que entendió el tribunal es que si bien es incuestionable que el escribano incumplió la reglamentación y que su proceder fue negligente, la sanción tiene defectos formales. No cuestiona el monto sino la argumentación que utilizó el Ministerio de Economía para justificar el acto. Allí se señaló que se tomó una medida ejemplarizante, algo que no está permitido por la ley.
"Como entendemos que la anulación dado la resonancia que tuvo la operación, el volumen de 14 millones de dólares, creemos que sería un mal mensaje que el escribano quedara sin sancionar", dijo Daniel Espinosa, de la Secretaría Antilavado.
La multa que se había fijado contra el escribano Pittaluga era la primera que se aplicaba en Uruguay en el sector no financiero en una causa de lavado de activos.
