La denuncia penal fue presentada el año pasado por los senadores del Frente Amplio.
El exministro de Transporte y Obras Públicas y actual titular del Ministerio del Interior, Luis Alberto Heber, declaró este martes ante el fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez. La citación se da por el acuerdo que el Poder Ejecutivo cerró con la empresa belga Katoen Natie, que implica la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo hasta el año 2081.
Además del ministro declara el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés. En tanto, el miércoles también lo harán el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo.
Antes de entrar a Fiscalía, Heber dijo: "Estoy muy contento, muy orgulloso de lo que hicimos para el puerto que va a ser muy bueno para el puerto y para el país".
El jerarca se retiró sobre las 13:50 horas.
Ferrés, por su parte, comentó a los periodistas antes de ingresar: “Venimos a darle un testimonio al fiscal de lo que sucedió en administraciones anteriores con una ilegalidad manifiesta”.
En setiembre de 2021 la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentó una denuncia penal tras el acuerdo alcanzado por el gobierno. En ese momento, el senador Charles Carrera dijo que en la actuación de la administración hay "graves delitos contra el patrimonio público".
De acuerdo a las palabras del parlamentario opositor, se le dio a la empresa belga "un monopolio privado hasta 2081 sin ningún tipo de fundamento, violentando todo el ordenamiento jurídico".
Desde el FA entienden que Heber y Curbelo tienen mayor responsabilidad, porque "tenían la obligación de haber recabado informes antes de que se firmara el acuerdo". "Acá no existió ningún informe de ningún departamento del Estado uruguayo", apuntó Carrera en su momento.
Abuso de funciones
La abogada de los senadores del FA, Laura Robato, destacó que más allá de la instancia de este martes lo importante es el trabajo realizado por Fiscalía. "Se han dado las garantías para todas las partes", aseguró.
"Lo medular es lo que se ha venido recogiendo en estos meses de trabajo", agregó Robato. Con respecto a la causa, dijo que la defensa "ha aportado muchísima evidencia". "Hemos traído actores muy importantes, economistas y personas que trabajan en el puerto", afirmó.
Robato explicó que se denuncian "hechos puntuales", como por ejemplo que tras el acuerdo con la empresa se creó un "monopolio privado y desregulado". A su vez, tampoco hubo control por parte de otras dependencias estatales, porque los jerarcas no presentaron el documento antes de firmarse. "No se está tampoco ante una prórroga del contrato, sino que se está ante un nuevo contrato", agregó la abogada.
En caso de que la Justicia encuentre pruebas suficientes para acusar a las autoridades de abuso de funciones, el futuro del puerto pasará a la órbita política. "Acá lo que se está buscando es responsabilidad penal", aseguró.
