Los efectivos prestaban funciones en las Jefaturas de Montevideo, Maldonado y Canelones.
La investigación iniciada a raíz de una red que obtenía información de personas involucradas en siniestros de tránsito para luego entregársela a abogados que las captaban como clientes sumó nuevas detenciones. En las últimas horas fueron detenidos nueve efectivos policiales, que quedaron a disposición de la Justicia, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.
Los policías prestaban funciones en las Jefaturas de Montevideo, Maldonado y Canelones.
La investigación es llevada adelante por la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, con apoyo de otras unidades policiales, en coordinación con la Fiscalía Departamental de Toledo y la Fiscalía Especializada en Delitos de Crimen Organizado.
Hasta el momento, el trabajo permitió que diez personas fueran condenadas y otras dos fueran imputadas. Según los investigadores, unas 60 personas estarían involucradas en la maniobra, entre ellas funcionarios públicos, abogados y gestores.
La maniobra investigada
La investigación apunta a una organización que, desde hacía varios años, accedía a información reservada de personas heridas o fallecidas en siniestros de tránsito para facilitar la captación de clientes por parte de abogados.
Entre los involucrados había policías, inspectores de tránsito y personal de la salud, además de abogados. La información obtenida incluía datos de las víctimas, como nombres, lugares de internación o domicilios y números de contacto.
Con esos datos, los denominados “abogados caranchos” contactaban a las víctimas o sus familiares y les ofrecían gestionar indemnizaciones correspondientes al Seguro Obligatorio de Automotores (SOA). Cuando la persona aceptaba y posteriormente cobraba la indemnización, las ganancias eran repartidas entre el abogado y quien había proporcionado la información.
En la primera etapa de la investigación, diez personas fueron condenadas por asociación para delinquir, cohecho calificado y uso indebido de información privilegiada, entre otros delitos. Las penas fueron de dos años de penitenciaría a tres años y tres meses, además de multas de entre 50 y 200 Unidades Reajustables.
La investigación continúa ahora con la detención de los nueve policías.