Su expareja poseía el arma de reglamento aún con la denuncia en su contra.
Tras el procesamiento con prisión para el policía de 42 años que mató de un disparo en la cabeza a Valeria Sosa, el Ministerio del Interior dispuso una investigación interna para saber por qué el homicida tenía su arma de reglamento cuando pesaba en su contra una denuncia por violencia doméstica y, según el protocolo, el arma le debería haber sido retirada.
La denuncia había sido radicada por Valeria en noviembre de 2015 y nunca se activó el protocolo, que está vigente desde abril de ese mismo año. Ese procedimiento prevé que para casos que involucren a funcionarios del Ministerio del Interior, ya sea en calidad de víctimas o agresores, se debe hacer el retiro obligatorio del arma a la persona de manera preventiva.
Según fuentes policiales, en este caso el protocolo no se cumplió y, a pesar de la denuncia, JLM, de 42 años, seguía en su poder con su arma de reglamento.
Telemundo pudo reconstruir cómo se sucedieron los hechos tras la denuncia que en 2015 radicó Valeria Sosa contra su expareja.
La joven hizo la denuncia en la Seccional 6 porque es la que le correspondía por su domicilio, pero como los hechos ocurrieron en dominios de la Seccional 17, la denuncia fue trasladada.
Sin embargo, desde la Seccional 17 no se dio curso y todo quedó frenado en esa dependencia policial.
La investigación del Ministerio del Interior, según estas fuentes, ya habría detectado que hubo una omisión en el accionar policial y los responsables serían los subcomisarios de guardia y los comisarios respectivos de cada seccional.
De concluir en esas responsabilidades, los cuatro efectivos serían separados de su cargo, eventualmente dados de baja y, además, pasibles de una acción penal en su contra.
