"La víctima quería que no hiciéramos nada: la discriminación está oculta y muchos no la ven como tal porque la tienen naturalizada. Y como eso es aberrante, queríamos castigar esta situación".
La fiscal Mirta Morales explicó por qué pidió libertad vigilada para los hombres que le pegaron 37 cachetazos, ataron e insultaron a un compañero de trabajo afrodescendiente y con discapacidad intelectual. Muchos acusan a la fiscal de ser demasiado “benévola” al haber pedido de cuatro a seis meses de libertad vigilada.
¿En qué se basó su pedido? ¿Cómo fue el trabajo de la Fiscalía en este caso? ¿Qué se tuvo en cuenta? Abordamos el tema junto a la fiscal Morales.
Resolví venir a los medios porque estoy cansada de que siempre la culpa sea de otro. Asumo mi responsabilidad: tomé una decisión con conciencia y convicción.
Me parece que todos los que han hablado no tienen un conocimiento de causa en el caso. Tomamos conocimiento de este hecho y desde del primer momentos nos preocupó mucho. La Fiscalía ya no trabaja como antes: ahora somos un equipo entero de personas, de fiscales y otros técnicos.
Merecía una atención particular por el tipo de delito que podía ser, por lo que se puso en marcha todo un mecanismo de la Fiscalía. Inmediatamente se cita a la víctima y a sus allegados, pero no se le hizo una entrevista fría, sino acompañado por psicólogos. Los fiscales somos humanos y también nos repugnan cosas que suceden.
Se ha hecho una lectura lineal y simplista del fallo. En los aspectos humanos, las situaciones siempre son mucho más ricas y complejas que lo que podría decir el Código. Yo como fiscal no le oculté ningún video al juez, y me cortaría las manos antes de ocultar una prueba: el juez no debe ver ese video porque él recibe información brindada por ambas partes del caso y luego resuelve.
En esta instancia, llegamos a un proceso abreviado, donde el juez debe analizar que lo que el fiscal vio y relata coincide con el delito que pide, y que la pena esté dentro de los márgenes legales. Además, que las personas que acepten la comisión de esos hechos acusados, lo hayan hecho de manera voluntaria, libre y asesorados por un abogado.
La víctima quería que no hiciéramos nada: pedía e imploraba por el perdón de quienes consideraba sus compañeros y amigos. Constatamos lo que intuíamos como personas: que en nuestro país existe la violencia racial, la discriminación, pero está oculta, y muchas veces hay personas que sin víctimas de este tipo de delito, pero no lo ven como tal porque tienen naturalizada estas agresiones. Y eso es aberrante.
Influyó muchísimo que ellos hayan asumido lo que hicieron. Pero los condenamos, y eso es más grave que procesarlos. Hasta ahora no existen procesamientos o condenas por este delito.
Otra cosa que la Fiscalía tuvo en cuenta fue el tipo de delito: queríamos que esto fuera castigado, y que lo fuera por esta figura penal y no en juicio oral. Si nunca se pudo sancionar hasta ahora es porque es difícil de probar. Teníamos la necesidad de que esto fuera castigado.
Resolvimos también teniendo en cuenta las figuras de los imputados: hablamos de primarios, que nunca habían cometido un delito, por lo que legalmente tienen un atenuante. Y hablamos también de personas que admitieron lo que hicieron, algo que implica otro atenuante.
Soy humana y me puedo equivocar, pero lo hice con conciencia. Ir un paso más atrás era prácticamente la impunidad. Ir un paso más adelante era tal vez fantástico para mí, porque me hubiera lucido muchísimo como profesional, e implicaba la venganza.
Me pareció gravísimo que me dijeran que esto formaba parte de un juego, que ellos vean estas agresiones como un juego. Este tema merece un debate de calidad, y no sobre si la pena fue más o menos.
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