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Gustavo Leal dijo que seguirán las acciones en Los Palomares porque se está "restaurando la cultura de la legalidad".

Los usurpadores de viviendas (y extorsionadores de vecinos) en Los Palomares de Casavalle fueron obligados a entregar las llaves de las viviendas que ocuparon durante meses.
Esto surgió como consecuencia de la acción  de la banda criminal relacionada al narcotráfico que desalojó a decenas de familias en esa zona el año pasado.

Abordamos el tema junto a Gustavo Leal, director Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior.

Lo de ayer es un acto muy simbólico, el hecho de que hayan tenido que entregar las llaves a la Policía, porque eso implica que no pueden entrar más a la zona y la restauración de la cultura de la legalidad.

La gente tiene que entender que lo que sucedió en Casavalle fue una situación muy grave de seguridad: un intento por parte de un grupo criminal de tener el control de una zona. Las personas que entregaron las viviendas no lo hicieron de forma voluntaria: fueron obligados porque fueron procesados por usurpación. No fue un acto voluntario y de entrega pacífica: se opusieron y mintieron ante la Justicia.

La Justicia determinó que estas familias estaban usurpando esas casas, y por eso se los condenó. Estamos restaurando la cultura de la legalidad. Esto va a seguir porque hay otras casas. Estamos a cargo de una situación compleja, y si yo hago anuncios, después las cosas se hacen más complejas.

La Policía entra a todos lados y ayer se demostró que el control del territorio lo tiene el Estado. La jueza determinó el mecanismo por el que se tenían que entregar las llaves. La cultura de la impunidad ha reinado en varios sectores sociales que ahora están en shock porque les cuesta admitir que eso se acabó.

Lo que se intentó hacer estaba absolutamente fuera de todos los cánones, por lo que la respuesta fue implacable. Todo esto comenzó a fines de setiembre del año pasado, y lo primero implicó convencer a las víctimas para que declararan, porque no querían declarar por miedo. Dos meses después, se logró procesar por extorsión.

La forma de proceder implicaba un proceso de ocupación sistemática de casas en lugares estratégicos: primero, rodeando los lugares donde vivían los jefes. En otros casos, quemaron las casas para dar una señal fuerte, pero antes se robaban todo, y había una persona que se dedicaba a venderlas. Las cosas que no se ponían a la venta se quemaban en los pasajes y ardían durante días como una señal.

No se puede admitir que se diga cualquier cosa. La entrega de las viviendas no fue voluntaria, porque hubo procesamientos. Nosotros estamos ejerciendo activamente la autoridad, sin complejos, sin resentimientos, pero con muchísima firmeza, porque las cosas tienen que tener un orden y un marco.