La convocatoria surge de la denuncia del movimiento UPM 2 No, por la inconstitucionalidad del proyecto.
Quienes firmaron el documento en nombre del Gobierno fueron Álvaro García, director de OPP, el secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma y el prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo.
Los uruguayos tenemos que detenernos a analizar este tema. No quiere decir ponerle palos en la rueda a la inversión. Creo que está bien que el Parlamento revise si las cosas se están haciendo conforme al derecho y si se hacen bien. El contrato con UPM es polémico: fue firmado por tres funcionarios de dudosa representatividad. Lo son en cierto ámbito y nivel pero no pueden representar el Ejecutivo ni al país donde se comprometen cosas sobre el destino del Uruguay en los próximos años.
Creo que conviene analizar esto y por eso pedimos que estos funcionarios comparezcan al Parlamento a partir de un planteo ciudadano pidiendo un juicio político.
