"Lo que preferiríamos es que esta ley se derogue totalmente. Pero, como en cualquier negociación, hay que hacer recíprocas concesiones. Ojalá podamos entendernos y llegar a un acuerdo”, afirmó el secretario general del Pit-Cnt, José Lorenzo López.
El gobierno uruguayo aceptó suspender por 60 días la aplicación del nuevo sistema de licencias médicas, un régimen que se puso en marcha en la administración anterior y que desde el primer momento fue rechazado por los sindicatos de trabajadores públicos. A esta instancia de acuerdo se llegó en Ginebra (Suiza), en el marco de instancias de diálogo promovidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
COFE, el Ejecutivo y la OIT iniciaron el diálogo por el reclamo sobre certificaciones médicas
“En la conferencia de la OIT, en Ginebra, se estableció una reunión con el ministro de Trabajo. En esa reunión surgió la posibilidad de reflotar lo que habíamos planteado acá de suspender los efectos de la ley para poder, de alguna manera, establecer una negociación sobre el fondo del asunto en igualdad de condiciones. A partir de esa instancia, se abrieron negociaciones directamente con Presidencia de la República y acordamos que se establezca un plazo de 60 días a partir del 1° de julio donde se va modificar el decreto para que quede sin efecto la ley de licencias médicas que se votó en el período anterior, y a partir de allí nos sentamos a negociar y ver si podemos llegar a un acuerdo por el fondo del asunto”, afirmó este jueves en rueda de prensa el secretario general del Pit-Cnt, José Lorenzo López.
En abril de este año, a un mes de iniciado el gobierno de Yamandú Orsi, COFE, el Poder Ejecutivo y la OIT iniciaron un diálogo por el reclamo sobre certificaciones, en el marco del "mecanismo de conciliación" que ofreció la OIT a partir de la queja presentada por el Pit-Cnt por las modificaciones al régimen de licencias médicas.
La norma en cuestión, que fue puesta en marcha en el gobierno de Luis Lacalle Pou, establece que los trabajadores estatales solo podrán percibir su sueldo completo durante nueve días hábiles en todo el año si se certifican. Luego, tienen derecho a percibir el 75% de su remuneración por parte del ente que los emplee.
Así las cosas, con la suspensión a la que accedió el gobierno, el régimen quedará en pausa durante dos meses; en ese plazo se prevé que el Ejecutivo y los sindicatos de trabajadores públicos a los que abarca el nuevo sistema lleguen a un punto de acuerdo.
“Para nosotros es un paso muy importante. Creo que era necesario para las dos partes, porque, en definitiva, lo importante de esto es que nos vamos a poder sentar a negociar una cuestión que el actual gobierno cuando era oposición votó en contra de la ley y argumentó en su contra. Era difícil que no pudiéramos tener una instancia de negociación, que la había promovido la propia OIT. Creo que la decisión de Presidencia fue acertada. Lo que preferiríamos es que esta ley se derogue totalmente. Pero, como en cualquier negociación, hay que hacer recíprocas concesiones. Ojalá podamos entendernos y llegar a un acuerdo”, afirmó López este jueves.