Así las cosas, Martín Pereira señaló que desde los sindicatos buscan que “se mantenga la norma como está, pero que existan mayores controles a las certificaciones”.
El Poder Ejecutivo reglamentó el nuevo régimen de certificaciones médicas en el sector público. Esto implica un cambio: a partir de ahora tendrán derecho a licencia por nueve días al año y luego percibirán el 75% del salario.
Hasta ahora, los empleados públicos cobraban todos los días mientras estaban certificados por enfermedad. A partir del decreto emitido por Presidencia, los funcionarios tendrán derecho a nueve días hábiles al año de licencia remunerada para cubrir períodos de inasistencia, alternada o consecutiva, por enfermedad o accidente.
Son días que se pueden tomar dentro del año, pero que no se acumulan en caso de no usarse. A partir del décimo día se percibirá el subsidio por enfermedad que equivale al 75% de su salario.
A esto pueden acceder los trabajadores que tengan un mínimo de 75 jornales o tres meses de trabajo.
Hay excepciones para los jueces del Poder Judicial, los defensores públicos, los fiscales, los diplomáticos del servicio exterior que están en el extranjero y los funcionarios de los gobiernos departamentales.
Además, hay también excepciones en caso de enfermedades provocadas por accidentes laborales, enfermedades profesionales, situaciones de emergencia sanitaria, embarazos o tratamientos prolongados que inhabiliten al trabajador a cumplir sus funciones.
Sindicatos en contra del cambio
En diálogo con Telemundo, el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y dirigente del Pit-Cnt, Martin Pereira, afirmó que “esta reglamentación es improvisada” y que “hay muchos puntos que no quedan claros todavía, como cuáles son las enfermedades profesionales o las invalidantes”.
"Lo que nos parece muy grave es que esto fue por fuera de la negociación colectiva. Nos enteramos cuando lo vimos colgado en la web", afirmó Pereira.
En esa misma línea, Pereira apuntó que la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) hizo “muchos aportes cuando trabajó la comisión por este tema”, en pos de “tener mayores controles sobre las certificaciones, quién las hacía y dónde se hacían, pero no fueron tenidos en cuenta”. “Entendemos que el gobierno está buscando un afán recaudatorio y no corregir los abusos, que son mínimos dentro del Estado”, consideró.
“No entendemos el apuro ni el relato que se quiere construir por parte del gobierno de que en el Estado los trabajadores públicos no vamos a trabajar por estar certificados. Entendemos que no se le debe descontar a un trabajador cuando está enfermo porque es cuando más lo precisa. La gente que abusa de las certificaciones médicas va contra el Estado y contra el trabajador que queda haciendo la doble tarea porque en muchos casos no se ponen suplentes”, afirmó el dirigente sindical.
Así las cosas, Pereira señaló que desde los sindicatos buscan que “se mantenga la norma como está, pero que existan mayores controles a las certificaciones”.
En esa línea, están analizando el tema con el equipo jurídico de COFE y de distintos sindicatos en pos de recurrir el decreto. “Estamos hablando con un constitucionalista para ver la inconstitucionalidad del tema”, agregó.
