El director de la cátedra de Medicina Legal Hugo Rodríguez y el constitucionalista Martín Risso explicaron cuál es el objetivo y alcance del consentimiento firmado que el gobierno anunció que deberán firman quienes se vacunen contra el coronavirus.
En consentimiento informado con firma se aplica normalmente en actos médicos como cirugías, estudios invasivos y en algunos casos ante el suministro de vacunas, como fue el caso de la de HPV aquí en Uruguay.
El director de la cátedra de Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medicina de la Udelar explicó cuál es su propósito:
El consentimiento beneficia claramente al paciente, en tanto asumimos que supone que fue informado adecuadamente de los riesgos y beneficios de hacer ese tratamiento y de no hacerlo. En el caso de la vacuna sería saber hasta qué punto me protege, cuáles son los efectos colaterales tiene y cuán frecuentes son, pero también ser informado de los riesgos que corro si no me vacuno, yo y mi entorno.
Por su parte el especialista en derecho constitucional Martín Risso aseguró:
El consentimiento informado tiene dos partes. La primera parte es garantía de información a quién recibe la vacuna, el tratamiento médico, la operación, etc. Se le informa qué se le va a hacer y cuáles son los riesgos, y después esa persona libremente decide si asume o no esos riesgos. La segunda parte es la asunción de los riesgos, que son muy bajos pero son los mismos riesgos que tienen infinidad de tratamientos médicos.
Ambos especialistas apuntaron que la firma de un consentimiento de estas características no exime de responsabilidad al Estado de eventuales acciones en su contra. ya que eso se ve en cada caso de acuerdo al reclamo.
"Va a depender de lo que diga el texto y va a depender del caso concreto. Por ejemplo, si hay un efecto colateral que está mencionado en el consentimiento y es aceptado por la persona, no va a poder reclamar si se presenta. Pero puede haber otros problemas, puede haber algún tipo de infección, puede ser mal suministrada, puede estar en mal estado el producto. En todos estos casos el Estado va a ser responsable", explicó Risso.
