Legisladores del Frente Amplio piden la renuncia del ministro Cardoso por llamadas con jerarca policial imputado

"Claramente el ministro contraviene el art.12 de la ley 19823 Código de ética de la función pública", asegura el FA.

La bancada de legisladores del Frente Amplio pidió este jueves que el ministro de Turismo, Germán Cardoso, renuncie a su cargo, luego de que aparecieran conversaciones suyas con el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, formalizado por varios delitos vinculados a la corrupción este miércoles.

En el marco de la investigación contra el jerarca policial quedaron registradas varias conversaciones entre Pereira y Cardoso, que le hizo "solicitudes particulares" al imputado. El fiscal que estudia el caso, Jorge Vaz, aclaró que el secretario de Estado no cometió un delito y por eso no lo investigará. En esta nota se puede leer el detalle de las llamadas.

“En la audiencia se mencionan audios donde Cardoso aparece recibiendo información reservada y realizando solicitudes particulares al ex coordinador, que fueron reconocidas por el ministro como propias y que claramente contraviene el art.12 de la ley 19823 Código de ética de la función pública”, explica la declaración de la bancada opositora.

Por este motivo, “la bancada considera que debe renunciar a la titularidad del ministerio, puesto que ha utilizado su investidura para obtener beneficios para sí o para un tercero, no cumpliendo con los procedimientos legales correspondientes”.

El artículo citado por el Frente Amplio refiere al “concepto de corrupción”, y dice que “se entiende que existe corrupción, entre otros casos, en el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener directa o indirectamente un provecho económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para otro, se haya causado o no un daño al Estado o a la persona pública no estatal”.

“Maquillaje” en las cifras de delitos

Asimismo, los legisladores frenteamplistas aseguran que con las llamadas se prueba que “se está llevando un sub registro de delitos de abigeato”.

“Esto lleva a suponer que es parte de una política general del gobierno para maquillar las estadísticas de delitos”, criticaron.


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