Además se constató que todos sustraen energía eléctrica y agua potable, con una conexión directa a la red pública.
Mónica Sosa había sido procesada el 19 de marzo, por un delito continuado de extorsión en calidad de cómplice, con una pena de quince meses de prisión la que debía cumplir bajo el régimen de libertad asistida. Esta situación se comprobó luego del censo que se realizó en la zona del Casavalle, el pasado meses de junio.
De las evidencias colectadas durante los allanamientos a las viviendas de los procesados, se pudo determinar que ninguno de ellos tenía documentación de la Intendencia ni del Ministerio de Vivienda.
Además se constató que todos sustraen energía eléctrica y agua potable, con una conexión directa a la red pública.
Según el testimonio de la propia Sosa, tiene un lavadero, desde hace cuatro años. Tras la inspección realizada por la Policía se constataron la existencia de cuatro lavarropas y comodidades de uso de electrodomésticos tales como aire acondicionado, heladera, jarra eléctrica, microondas, varios televisores, un equipo de música, calefón, entre otros elementos.
Los relevamientos realizados por la Policía establecen un gasto de consumo de insumos de servicio público continúo y de monto económico no cuantificable en forma exacta, pero sí muy elevado, según la vista fiscal, documento al que accedió Telemundo.
El documento concluye que ninguno de los imputados pagó luz, impuestos agua y ni siquiera una cuota al Estado por el uso de la vivienda. También se estableció que no hay documentos de propiedad ni regularizaciones de la situación.
