Su situación no está prevista en la ley, pero el abogado sostiene que debe aplicarse el principio de analogía.
Laura, de 28 años, fue asesinada en mayo en una casa ubicada en la esquina de Real y Vaillant, en La Teja. Era testigo de un homicidio ocurrido en abril por el cual un hombre marchó a la cárcel.
Quienes asesinaron a Laura le dijeron: “Esto es por alcahueta”. El presunto homicida fue detenido y procesado.
La familia de la mujer presentó una demanda por 200.000 dólares contra el Ministerio del Interior porque sostiene que retiró la guardia policial que la protegía.
Pero el ministerio sostiene que no retiró la custodia. La mujer pidió que la Policía no estuviera en su puerta y un patrullero vigilaba la casa haciendo rondas.
Además, no fue asesinada en su casa, sino a diez cuadras de donde estaba el circuito de vigilancia.
La familia también reclamó una pensión para el hijo de 6 años de Laura. Serían unos 21.600 pesos mensuales hasta que cumpla 21 años. Pero la ley que otorgó pensión a víctimas de la violencia solo lo prevé en casos de muerte por rapiña, copamiento o secuestro. El BPS negó la pensión.
