Enrique Antía: “Hay más de 2.000 construcciones irregulares” en Maldonado

“Tenemos un equipo trabajando y recorriendo manzana por manzana para regularizar la situación”, aseguró el intendente de ese departamento.

Durante este fin de semana, personal de Interpol realizó diversos allanamientos en Maldonado a pedido de la Justicia de Argentina, en el marco de la investigación que implica a los denominados “cuadernos de las coimas”.

Dos empresarios que están prófugos de la Justicia argentina también están siendo buscados en territorio uruguayo, en Miami, Panamá y Perú.

También se realizaron allanamientos en la casa de la expresidenta Cristina Fernández.

El juez Bonadío se hizo de toda esa información recabada el fin de semana. En Uruguay, el fiscal Luis Pacheco está atento a todo lo que pueda requerir la Justicia argentina. En Punta del Este, el fiscal que lleva la causa también está atento a lo que pueda sugerir la Justicia argentina.

La Intendencia de Maldonado ha comenzado a investigar el lavado de dinero y la corrupción en el departamento. El intendente, Enrique Antía, dijo que es "disparatado" que haya falta de controles y que hay que trabajar en este sentido.

“Hay más de 2.000 construcciones irregulares en la zona oeste del departamento. Hay más de 1.000 solamente de la seccional de San Carlos para acá. Tenemos un equipo trabajando y recorriendo manzana por manzana para regularizar la situación. El año pasado encontramos más de 100 edificios sin regularizar. Era un relajo".

"Toda esa plata ilegal hay que desenmascararla. No tiene goyete que no tengamos los instrumentos para controlar. Hay que equipar a Prefectura, a la Fuerza Aérea con tecnología que permita blindarnos contra el tráfico de dinero".

"Me llama la atención que durante tantos años pasaban de esa manera y nunca se habían dado cuenta. Eso pasa un poco por aquello de los gobiernos amigos".

"Hace 20 años queríamos ser un paraíso fiscal, ahora estamos desmontando el marco legal que toleraba la venida de dineros informales"

El director de la Secretaría Antilavado explicó la investigación en torno a "la ruta del dinero K".

Los datos que surgieron en Argentina sobre la “ruta del dinero K” y los detalles que aportaron  los “cuadernos de las coimas” hicieron que avanzara en Uruguay la conexión local de esas irregularidades.

Según los documentos, unos US$ 200 millones fueron traídos a nuestro país.  La Secretaría Antilavado reactivó la investigación que en 2016 dio con el paradero del campo El Entrevero en José Ignacio, vinculado al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Abordamos el tema junto a Daniel Espinosa, director de la Secretaría Antilavado.

La Secretaría Antilavado no reactivó la investigación, sino que fue el fiscal Luis Pacheco. El mismo grupo de trabajo que estuvo en tema de Lázaro Báez, estamos buscando posibles activos financieros o bienes inmuebles en el Uruguay que puedan tener que venir. ¿Cuánto quedó en Uruguay? Se habla de muchas cosas, pero lo concreto es lo que podamos encontrar.

Hay algún terreno que con la nueva información puede cambiar su situación. Ahora hay posibilidades de llevar adelante otras acciones.

La caja chica de los argentinos está en Uruguay y el lavado grande en otros países, eso es lo que siempre se dice. Por lo tanto, acá algo seguro que hay, pero no creo que los 200 millones de los que se habla estén acá.

Todos sabemos que Uruguay durante muchos años vivió promoviendo la venida de ese tipo de dineros. Hace 20 años queríamos ser un paraíso fiscal, básicamente para los argentinos y brasileños. Lo que se ha venido haciendo desde hace 15 años es desmontar un marco legal que toleraba la venida de dineros informales.

Hay normas aprobadas en los últimos tres años que cambian la situación significativamente. Como determinar los beneficiarios finales de una determinada sociedad. La Ley de Inclusión Financiera establece que no se puede comprar inmuebles en efectivo, por ejemplo. Y el delito fiscal como precedente del lavado de activos.

Si no cooperamos, no encontramos nada.

Interpol realizó allanamientos en Maldonado en busca de dos empresarios que estarían vinculados con la "Ruta del dinero K"

No se descarta que en los próximos días tengan lugar nuevas actuaciones.

Durante el transcurso de este fin de semana, personal de Interpol realizó diversos allanamientos en Maldonado a pedido de la Justicia de Argentina, en el marco de la investigación que implica a los denominados “cuadernos de las coimas”.

Dos empresarios que están prófugos de la Justicia argentina también están siendo buscados en territorio uruguayo.

La información que fue transmitida desde Interpol Argentina a Interpol Uruguay ponía la lupa bajo en un establecimiento, ubicado en muy cerca de Playa Verde, y a pocos metros del sindicalista argentino –hoy preso– Marcelo Balcedo: allí, Isidoro Carlos Ferrari, un lobista bonaerense vinculado a los juegos de azar en la vecina orilla y amigo íntimo del empresario Cristóbal López, vinculado a la causa de los cuadernos de la “Ruta del dinero K”, le estaría dando alojamiento al único señalado como prófugo hasta el momento. Se trata de Óscar Thomas.

Se revisó todo el establecimiento, pero no se encontró nada importante. De todas maneras, había rastros de que hacía muy pocas horas atrás existió actividad en el lugar. Igualmente, se llevaron algunos documentos. En un cuaderno se encontró información sobre un departamento que sería propiedad de Ferrari. Y fue hasta allí a donde luego fueron los efectivos y el fiscal.

Según una fuente de la investigación, el fiscal y la Policía entraron al departamento y solo se encontraron con muebles.  Ferrari hace al menos cuatro meses que no duerme en ese lugar y los vecinos dicen que no era de llevar amigos.

No se descarta que en los próximos días tengan lugar nuevas actuaciones en relación a los posibles vínculos de estos empresarios argentinos con inmuebles comprados en Uruguay con dineros provenientes de la vecina orilla.

Ramírez sobre caso Blás: "Los blancos venimos remando en dulce de leche para acortar distancias con el FA, y nos enfrentamos a estas cosas"

El precandidato nacionalista dijo que "la DGI no va a cambiar su fallo" y que "la maniobra es bastante importante".

La presidenta del Directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, confirmó que la Comisión de Ética del partido tratará de manera urgente el caso del edil nacionalista Rodrigo Blás. El edil por Maldonado fue sancionado con casi dos millones de dólares por la DGI, por evadir parte de los impuestos por la venta de  terrenos a través de su inmobiliaria (Blás Propiedades).

Uno de los más críticos con esta situación fue el dirigente nacionalista y precandidato a la Presidencia Juan Andrés Ramírez.

Este no es un tema privado. Si yo mañana agarro a trompadas a mi mujer, ¿va a ser un tema privado? No se puede escudar diciendo que son temas particulares y hacer lo que se quiere. Me parece que en política, la corrupción está arriba de la mesa. Blás no es un edil más del Partido Nacional: es un referente nacionalista en Maldonado. Los blancos venimos remando en dulce de leche para poder acortar distancias con el Frente Amplio, y nos enfrentamos con estas cosas.

Deseo que pueda iniciar acciones, y apelar, pero dudo que sea así. La información que tengo es que la maniobra es bastante importante. La DGI no trabaja al descampado. Todos debemos tener todo en regla.

Se asombran porque digo que si se comprueba el delito de defraudación debe ser expulsado, pero todos deberían decirlo. Esto no es una bobada. Acá voló un vicepresidente por tarjetas corporativas.

Creo que Lacalle Pou hizo lo correcto, que fue enviar todo al Tribunal de Ética con rapidez. Si somos integrantes de un partido que hace gárgaras con la honestidad, debemos ceñirnos a eso. Le deseo lo mejor a Blás, sé que ha trabajado y militado por el partido, pero compromete a todo el partido.

La DGI no va a cambiar su fallo, porque sus técnicos trabajan muy en serio. Es una situación bastante angustiante para los blancos, que venimos remando para tratar de llegar al Gobierno en las próximas elecciones.

El diputado Daniel Peña recordó que hace un año presentó un proyecto de ley para sancionar la corrupción entre privados

El legislador describió cada uno de los capítulos de la iniciativa que incluye un delito que aún no está incluido en el Derecho uruguayo.

El diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, señaló que la situación de la AUF y los audios grabados por varios de sus actores es motivo suficiente para sancionar cuanto antes el proyecto de ley. Así lo detalló:

"Revisamos tres delitos, que plantea esta ley, que no existen en el Derecho uruguayo.

El delito de soborno a funcionarios de organismos internacionales. El artículo 2 se enmarca en la discusión de lo que pasa en la AUF, que es el soborno de funcionarios privados en empresas privadas.

Supongamos que los audios comprobasen que existe coima, hoy el delito de soborno en la esfera privada no está contado en Uruguay".

Condenan al exvicepresidente argentino Amado Boudou a cinco años y diez meses de prisión por corrupción

Quedó bajo arresto por el delito de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

El ex vicepresidente de Argentina, Amado Boudou fue condenado este martes a cinco años y diez meses de prisión por delitos de corrupción, anunció el Tribunal oral en lo criminal federal número 4.

Boudou fue hallado culpable y quedó bajo arresto por el delito de "cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública" por intentar adueñarse a través de un testaferro de la empresa privada Ciccone, dedicada a fabricar papel moneda y documentos públicos.

Boudou ejerció la vicepresidencia entre 2011 y 2015 durante el segundo gobierno de la presidenta Cristina Kirchner.

Los hechos ocurrieron cuando Boudou ocupaba el ministerio de Economía, en 2010.

El exfuncionario además fue inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos.

Se espera que sus abogados apelen la decisión a partir del miércoles.

"Jamás negocié por mí ni a través de terceros el 70% del paquete accionario de Ciccone. El supuesto cohecho no tiene ningún asidero ni vínculo con la prueba porque no existió", dijo Boudou en su alegato frente al tribunal.

Junto a él fueron condenados cinco empresarios, entre ellos el exdueño de la empresa, Nicolás Ciccone, condenado a cuatro años y seis meses de prisión.

"Es un hecho histórico en Argentina que ha juzgado la corrupción en un juicio oral abierto y público. Tenemos que poner en valor que hay justicia en la Argentina y que actúa con libertad", reaccionó Laura Alonso titular de la Oficina Anticorrupción.

La funcionaria destacó que al expresidente "se le dio el máximo de la pena prevista, que es de seis años. Es una condena contundente", remarcó.

(AFP)

Justicia argentina detuvo a once personas por un supuesto esquema de coimas y desvío de fondos en presidencias kirchneristas

Se encontraron con el caso una serie de cuadernos de Óscar Centeno, chofer de uno de los secretarios de Julio De Vido.

Argentina fue sacudida este miércoles por un nuevo escándalo de corrupción, por el supuesto pago de sobornos millonarios, que derivó en una docena de detenciones de exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner y empresarios, entre ellos un exdirectivo vinculado al grupo de la familia del presidente Macri.

La información surgió, en primera instancia, de seis cuadernos y dos anotadores manuscritos en los que supuestamente el exchofer de uno de los funcionarios dejó registro de los movimientos de dinero durante una década.

Según la Fiscalía, se habrían movido "unos 160 millones de dólares en efectivo" en bolsos, provenientes de sobornos que empresarios entregaban a cambio de la adjudicación de obra pública.

La expresidenta (2007-2015) y actual senadora Kirchner fue citada a indagatoria el próximo 13 de agosto por el juez Claudio Bonadio, aunque no se especificó si en calidad de testigo o de imputada. Su domicilio en la capital argentina está señalado como destino de una de las supuestas entregas de dinero.

"La hipótesis que se investiga es la de asociación ilícita", declaró a Radio La Red el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, quien aclaró que "se libraron 20 órdenes de detención", pero hay secreto de sumario.

Las 12 detenciones se produjeron en la madrugada del miércoles, y se llevaron a cabo 34 allanamientos en Buenos Aires y su periferia, declaró el jefe de policía, Néstor Roncaglia.

En los allanamientos, fueron secuestrados 14 vehículos de alta gama, unos 50.000 dólares en distintas monedas y dispositivos informáticos.

Entre los detenidos, figuran Roberto Baratta, exsecretario de coordinación del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, este último encarcelado en otra causa por supuesta corrupción.

También fueron arrestados los empresarios Gerardo Ferreyra, de la constructora Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, exgerente general de IECSA, la constructora que pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y que provenía del grupo Socma (Sociedad Macri).

Otro de los detenidos fue Rafael Llorens, exsubsecretario legal de Planificación Federal.

Los arrestos se produjeron tras la declaración de la exesposa del chófer de Baratta, Oscar Centeno, también detenido, sobre supuestos traslados de bolsos con dinero a ese ministerio y a la Casa Rosada, sede de la presidencia, entre otros sitios.

Meses atrás, esa mujer había asegurado que en la casa de los padres de Baratta había una bóveda, que no pudo ser hallada por la justicia, recordó la esposa de De Vido.

- Cuadernos y bolsos -

El caso salió a la luz este miércoles pero la investigación comenzó hace ocho meses, cuando un informante entregó una caja con seis cuadernos y dos anotadores, todos ellos manuscritos, al periodista Diego Cabot del diario La Nación.

"Me encontré con un relato detallado y absolutamente fidedigno en cuanto a la narración de prácticamente diez años de movimientos de una de las mesas chicas (entorno) del ministerio de Planificación Federal", relató Cabot al canal La Nación+.

En los cuadernos, figuraría un reporte minucioso de todos los traslados y entregas de dinero que habría hecho Baratta a bordo de su automóvil entre 2005 y 2015, entre los cuales está citado el domicilio de la expresidenta.

Kirchner, cuyo cargo de senadora le otorga fueros parlamentarios por los que puede ser juzgada pero no detenida, estuvo este miércoles en el Senado, sin hacer declaraciones a la prensa.

La expresidenta y varios de sus funcionarios están envueltos en causas de corrupción. El más emblemático fue el caso de José López, exsecretario de Obras Públicas atrapado 'in fraganti' en 2016 cuando intentaba esconder bolsos con nueve millones de dólares en un convento en las afueras de Buenos Aires.

Bonadio, juez a quien Kirchner intentó destituir por mal desempeño mientras ejercía la presidencia, ya había procesado a la exmandataria en diciembre pasado por el supuesto encubrimiento a iraníes acusados del atentado a la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994.

También fueron citados a declarar el exjefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, el exsecretario general de la Presidencia y exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, y otros exfuncionarios de Kirchner que aparecen en las anotaciones.

Informado por un programa de radio de que será indagado en la causa, el exjuex Norberto Oyarbide, dijo no tener "ni la más pálida idea" de los supuestos bolsos con millones de dólares y lo calificó como "una calumnia".

(AFP)

Condenaron al cuñado del rey de España a casi 6 años de cárcel por corrupción

El Tribunal Supremo de España ratificó este martes la condena por corrupción para Iñaki Urdangarin.

El Tribunal Supremo de España ratificó este martes la condena por corrupción para Iñaki Urdangarin, cuñado del rey de España, fijándola en 5 años y 10 meses de cárcel, abocándolo a un probable ingreso en prisión en los próximos días.

La condena "se establece en 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de prevaricación continuada y malversación, tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales", indicó el tribunal en un comunicado.

La sentencia acerca el fin de una saga judicial que estalló en 2010, en plena crisis económica, perjudicó la imagen de la monarquía española y contribuyó a precipitar la abdicación de Juan Carlos en su hijo Felipe VI, en junio de 2014.

El Supremo redujo en cinco meses la sentencia pronunciada en primera instancia por un tribunal en las islas Baleares, de 6 años y 3 meses, al absolver a Urdangarin de un delito continuado de falsedad en documento público.

El marido de la infanta Cristina de Borbón fue condenado en 2017 junto a su ex socio el empresario Diego Torres por malversar en beneficio propio varios millones de euros donados por organismos públicos al Instituto Nóos, un ente sin ánimo de lucro que él presidía.

Con la pena ratificada, Urdangarin, de 50 años, deberá ingresar previsiblemente en prisión en los próximos días, aunque todavía puede intentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Si lo admite a trámite, el Constitucional podría en teoría dejar en suspenso la sentencia hasta tanto decida si se vulneraron sus derechos, aunque según su propia jurisprudencia esa decisión solo la toma con penas menores de cinco años de prisión.

El Tribunal confirmó la responsabilidad civil a título lucrativo de la infanta Cristina, que se convirtió en el primer miembro de la actual familia real en sentarse en el banquillo de los acusados. Rebajó su multa a 136.950 euros, suma que la infanta ya restituyó durante el proceso.

La Audiencia Provincial de Palma (Baleares) tiene ahora que convocar una vista para comunicar la sentencia a Urdangarin y los otros condenados, entre ellos Torres (su pena fue reducida a 5 años y 8 meses por el Supremo) y les dará un plazo para su entrada voluntaria en prisión, generalmente de 15 días.

Los jueces permitieron hasta ahora a Urdangarin seguir viviendo con su mujer y sus cuatro hijos en Ginebra, donde recalaron desde que salieron en 2013 de España, donde el rey Felipe los alejó de todos los actos oficiales de la Casa Real y los despojó del título de duques de Palma de Mallorca.

Oposición española acorraló a Mariano Rajoy con un voto de censura

La moción fue presentada por el PSOE, luego de que el gobernante PP fuera condenado por el mayor caso de corrupción de la historia democrática del país.

Mariano Rajoy, presidente del gobierno conservador español, se encontraba este viernes aislado ante la moción de censura de la oposición socialista y el abandono por sus aliados de Ciudadanos, después de que su Partido Popular (PP) fuera condenado por beneficiarse de una trama corrupta.

Al día siguiente de conocerse la condena, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), primera formación opositora, liderada por Pedro Sánchez, registró en la cámara baja una moción de censura que se debatirá no antes de una semana.

El objetivo es formar un gobierno alternativo al de Rajoy, quien replicó enérgicamente diciendo que la moción "va contra la estabilidad en España", sacudida por la crisis catalana, y tiene como único propósito hacer presidente a Sánchez "a cualquier precio y con quien sea".

Para salir adelante, la moción socialista deberá contar con 176 diputados sobre un total de 350.

Esta mayoría requeriría el apoyo de la izquierda radical Podemos, que ya se lo ha dado, y también de los partidos nacionalistas vascos y catalanes, una opción complicada ya que Sánchez ha hecho frente común con el gobierno del PP ante el desafío independentista en Cataluña.

Dicha mayoría se anuncia como la única posible, pues el partido liberal Ciudadanos, que rivaliza con el PP en los sondeos, no apoyará la moción de censura y exige en su lugar que Rajoy convoque elecciones "en las próximas semanas".

"Apoyamos la solución democrática: o convoca elecciones Rajoy o el Congreso con moción instrumental", indicó el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, añadiendo que la condena "ha liquidado la legislatura".

Y es que Ciudadanos, que pretende en el futuro gobernar España, no está dispuesto a entregarle el poder a los socialistas.

"La moción presentada por el señor Sánchez, suponemos que con el apoyo de populistas y separatistas, no es la moción de Ciudadanos. No vamos a estar ahí, nos vamos a oponer a esa moción", expuso el número dos del partido, José Manuel Villegas.

- La caja negra del PP, probada -

La crisis estalló al día siguiente de que la justicia anunciara las condenas de la llamada "trama Gürtel". Ésta consistía en un sistema por el que entre 1999 y 2005 se sobornó a dirigentes del PP en distintos puntos de España, para que concedieran contratos públicos a empresas "amigas".

En el marco del caso, la Audiencia Nacional condenó a 33 años de prisión al exgerente y extesorero del PP Luis Bárcenas (1988-2009), que según la sentencia gestionó desde 1989 una contabilidad paralela en el partido.

Igualmente, la justicia condenó al PP a pagar 245.492 euros como "partícipe a título lucrativo" de la trama corrupta, una decisión que será recurrida por el partido conservador, presidido por Rajoy desde 2004.

- Cae la bolsa de Madrid -

Según Antonio Barroso, analista del centro Teneo Intelligence, la moción de censura tiene unas probabilidades de éxito del 20%, ya que a su juicio "los partidos de oposición son incapaces de coordinarse para echar a Rajoy".

Ignacio Varela, consultor político, cree en cambio que "Sánchez puede ganar la moción de censura con una mayoría Frankenstein". Pero ésta, al ser demasiado heteróclita, no le permitirá gobernar, pues lo obligaría a negociar "cada paso" con los independentistas catalanes, con los que ha tenido últimamente duros cruces de declaraciones.

Por ello, estima que el escenario más plausible es que Sánchez saque adelante la moción y que "inmediatamente después anuncie la convocatoria de elecciones" anticipadas.

La tensión se trasladaba también a la bolsa de Madrid, donde el índice Ibex 35 de los principales valores perdía un 2,06% hacia las 13H00 GMT.

El PP mientras tanto no ha dejado de defenderse. La formación conservadora anunció de inmediato que recurrirá la decisión, destacó que la condena no concierne formalmente al gobierno y enfatizó que el beneficio obtenido -según la justicia- de la trama de financiación ilegal se circunscribe a dos localidades cercanas a Madrid, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda.

"No se ha condenado a ningún miembro del gobierno que se pretende ahora censurar", dijo Rajoy, añadiendo que su propósito es agotar la legislatura, hasta mediados de 2020: "yo quiero que la legislatura dure cuatro años e intentaré que así sea".

En total, 29 acusados fueron condenados a 351 años de cárcel a propósito de la trama Gürtel, incluyendo al cabecilla de la misma, el empresario Francisco Correa, sentenciado a 51 años de prisión.

(AFP)

Tres policías de Las Piedras condenados a seis meses de prisión por cobrarle a una persona que había sido rapiñada

Los policías terminaron admitiendo y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía.

Un subcomisario de 40 años y dos agentes de 38 y 48 años habían sido denunciados en setiembre del año pasado.

Un hombre había ganado 700.000 pesos en el Tómbola y en una rapiña le robaron 300.000.

Según el relato los policías, al saber que aún le quedaban 400.000 pesos, empezaron a extorsionarlo con amenazas de que le “plantarían” droga o le pasaría algo a él o a su familia.

Los policías lo negaron y afirmaron que el hombre les ofreció dinero a cambio de que investigaran la rapiña, lo que ellos aceptaron como un regalo en agradecimiento.

En base a audios de WhatsApp sobre la entrega del dinero se probó la insistencia de los policías. Cuando llevaron al hombre a retirar 60.000 pesos de un banco fueron detenidos.

El operativo fue filmado. Se constató que circulaban en un auto de la Dirección de Investigaciones y que le habían sacado la batería al handy para no ser rastreados.

Con toda la evidencia los policías terminaron admitiendo y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía.

El juez ratificó el acuerdo y los condenó a seis meses de prisión por el delito de cohecho.

Además les aplicó una multa de 10 Unidades Reajustables e inhabilitación especial de dos años.

Fiscal de Corte: "Seguimos teniendo una legislación anticorrupción de mediados del siglo XX"

Díaz aseguró que hay que poner el foco en el funcionario público, pero también en el empresario que paga una coima.

El fiscal de corte, Jorge Díaz, dijo que la legislación contra la corrupción en Uruguay está muy atrasada y que requiere cambios urgentes.

Considera que existe una visión hemipléjica que no tiene en cuenta que del otro lado de la corrupción pública siempre hay un privado. “Es un relato instalado”, dijo. Respecto a la corrupción pública, plantea modificar las penas para que estén en proporción con el daño causado.

En ese contexto, Díaz planteó además limitar los fueros parlamentarios solo para los denominados delitos de opinión.

Sobre el sector privado también cree que es urgente modificar las leyes para que a la persecución penal de las personas pueda sumarse también la de la persona jurídica.

En diálogo con el programa Desayunos Informales, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, reflexionó:

Hice este planteo en un contexto de otros planteos, relacionados con lo que entiendo que debe ser un plan de modificaciones en la legislación anticorrupción en Uruguay, que está muy atrasada y necesita cambios urgentes. Uno de los aspectos tiene que ver con los funcionarios-servidores públicos.

A veces tenemos una visión un poco hemipléjica de la corrupción. Se ha instalado un relato donde parece que hay un servidor público infiel, que acepta hacer algo que no corresponde o dejar de hacer algo, y que del otro lado hay un privado que ofrece o aceptar pagar algo a cambio de la obtención de ese algo. Se ha instalado el relato de que el corrupto es el servidor público y que el empresario busca superar un obstáculo. Hemos puesto el foco en el sector público y hemos sacado el foco del sector privado: y tenemos que mirar a los dos.

Tenemos que elevar las penas contra los delitos de corrupción pública. Hoy por hoy, por ejemplo, en el delito de peculado hay una pena mínima de un año y una máxima de seis. Un peculado puede ir desde 100 pesos hasta 10.000 millones de dólares. En función del daño que pueden llegar a causar, las penas máximas son muy bajas y deben ser elevadas en función del daño que causan. Eso incide en la prescripción del delito, que se estipula según la pena máxima.

En segundo lugar, tenemos que establecer delitos que hoy no existente. Tenemos una legislación que no recoge la mayor parte de los delitos ratificados por organizaciones internacionales y tratados que Uruguay ha aceptado. Si una persona ingresa a la función pública y triplica, cuadriplica, o lo que sea, su patrimonio, tiene que explicar qué sucedió.

Hay que proteger a los legisladores para que puedan expresarse libremente y criticar, y también denunciar libremente. La opinión del legislador debe estar protegida. Si nos metemos con eso, afectaríamos la esencia misma de la democracia. Los delitos de opinión deben estar por fuera de los cambios. Pero los fueros parlamentarios también tienen otros aspectos. ¿Qué sentido tienen los fueros en el siglo XXI? Hasta una falta menor requiere que se levanten los fueros parlamentarios, y eso es una traba. Y no quiero que se politice una cuestión que necesariamente debe ser jurídica.

Todo esto requiere un gran consenso y la modificación de la Constitución. El sistema político deberá decidir qué caminos toma. Yo entiendo que esto es una pata para combatir la corrupción.

En un delito de corrupción pública, por ejemplo, alcanzan dos legislaturas con fueros parlamentarios para que el delito prescriba. Esas cosas deben tenerse en cuenta. El tema de los fueros comenzó a discutirse en el mundo, y nosotros teníamos que ponerlo sobre la mesa. Es un tema político, de decisión política, y que la ciudadanía deberá refrendar.

Necesitamos urgentemente cambiar la legislación que sanciona al sector privado. Hay personas jurídicas que están acusadas de incurrir en corrupción y siguen siendo contratadas por el Estado. Sin embargo, en ese sentido, hasta donde yo sé, no existe ningún proyecto que busque cambiar algo. Necesitamos poder sancionar a las personas jurídicas para poder efectivamente combatir a la corrupción. Mientras no se cambie algo en este sentido, vamos a seguir cazando mojarras en el sector público y no vamos a poder cazar tiburones en el sector privado.

Seguimos teniendo una legislación anticorrupción de mediados del siglo XX, y así es muy difícil darle respuestas a la ciudadanía. Tenemos que tener otros instrumentos jurídicos. Pero resolviendo el tema de los fueros no resolvemos el tema de fondo.

Díaz propone elevar penas contra la corrupción pública, quitar las trabas que imponen los fueros y rever sanciones al sector privado

"¿Qué sentido tienen los fueros en el siglo XXI?", cuestionó el fiscal de Corte. "Seguimos teniendo una legislación anticorrupción de mediados del siglo XX", agregó.

Los partidos políticos tienen previsto crear un ámbito especial para discutir  cambios en los fueros parlamentarios, como parte de otros proyectos vinculados a la transparencia en la actividad de senadores y diputados, así lo anunció  la senadora frenteamplista Daniela Payssé.

Uno de los responsables de poner este tema sobre la mesa fue el fiscal de Corte, Jorge Díaz. ¿Qué opina sobre este tema? ¿Cómo puede lucharse contra la corrupción? ¿Qué rol tiene la Justicia? ¿Faltan mecanismos legales para poder actuar?

Hice este planteo en un contexto de otros planteos, relacionados con lo que entiendo que debe ser un plan de modificaciones en la legislación anticorrupción en Uruguay, que está muy atrasada y necesita cambios urgentes. Uno de los aspectos tiene que ver con los funcionarios-servidores públicos.

A veces tenemos una visión un poco hemipléjica de la corrupción. Se ha instalado un relato donde parece que hay un servidor público infiel, que acepta hacer algo que no corresponde o dejar de hacer algo, y que del otro lado hay un privado que ofrece o aceptar pagar algo a cambio de la obtención de ese algo. Se ha instalado el relato de que el corrupto es el servidor público y que el empresario busca superar un obstáculo. Hemos puesto el foco en el sector público y hemos sacado el foco del sector privado: y tenemos que mirar a los dos.

Tenemos que elevar las penas contra los delitos de corrupción pública. Hoy por hoy, por ejemplo, en el delito de peculado hay una pena mínima de un año y una máxima de seis. Un peculado puede ir desde 100 pesos hasta 10.000 millones de dólares. En función del daño que pueden llegar a causar, las penas máximas son muy bajas y deben ser elevadas en función del daño que causan. Eso incide en la prescripción del delito, que se estipula según la pena máxima.

En segundo lugar, tenemos que establecer delitos que hoy no existente. Tenemos una legislación que no recoge la mayor parte de los delitos ratificados por organizaciones internacionales y tratados que Uruguay ha aceptado. Si una persona ingresa a la función pública y triplica, cuadriplica, o lo que sea, su patrimonio, tiene que explicar qué sucedió.

Hay que proteger a los legisladores para que puedan expresarse libremente y criticar, y también denunciar libremente. La opinión del legislador debe estar protegida. Si nos metemos con eso, afectaríamos la esencia misma de la democracia. Los delitos de opinión deben estar por fuera de los cambios. Pero los fueros parlamentarios también tienen otros aspectos. ¿Qué sentido tienen los fueros en el siglo XXI? Hasta una falta menor requiere que se levanten los fueros parlamentarios, y eso es una traba. Y no quiero que se politice una cuestión que necesariamente debe ser jurídica.

Todo esto requiere un gran consenso y la modificación de la Constitución. El sistema político deberá decidir qué caminos toma. Yo entiendo que esto es una pata para combatir la corrupción.

En un delito de corrupción pública, por ejemplo, alcanzan dos legislaturas con fueros parlamentarios para que el delito prescriba. Esas cosas deben tenerse en cuenta. El tema de los fueros comenzó a discutirse en el mundo, y nosotros teníamos que ponerlo sobre la mesa. Es un tema político, de decisión política, y que la ciudadanía deberá refrendar.

Necesitamos urgentemente cambiar la legislación que sanciona al sector privado. Hay personas jurídicas que están acusadas de incurrir en corrupción y siguen siendo contratadas por el Estado. Sin embargo, en ese sentido, hasta donde yo sé, no existe ningún proyecto que busque cambiar algo. Necesitamos poder sancionar a las personas jurídicas para poder efectivamente combatir a la corrupción. Mientras no se cambie algo en este sentido, vamos a seguir cazando mojarras en el sector público y no vamos a poder cazar tiburones en el sector privado.

Seguimos teniendo una legislación anticorrupción de mediados del siglo XX, y así es muy difícil darle respuestas a la ciudadanía. Tenemos que tener otros instrumentos jurídicos. Pero resolviendo el tema de los fueros no resolvemos el tema de fondo.