Etiqueta: denuncias

"Un traslado de Bella Unión a Montevideo, contratando empresas de jerarcas, costaba 5.000 dólares; luego ASSE admitió que tenía recursos para hacerlo y con menos costo"

El diputado Lema dijo que los conflictos de interés en ASSE son "fácilmente acreditables".

Las investigaciones por irregularidades en las contrataciones de varios servicios de ASSE continúan y siguen surgiendo nuevos datos.

Según publicó el semanario Búsqueda, un informe policial, que ya está en manos del fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco, señala que en la "mayoría de las órdenes" de traslado de los servicios de ambulancia en el hospital de Bella Unión se facturó IVA por duplicado y que además se cobró una "cantidad importante" de traslados de "personas que no existen". Es decir, los nombres y las cédulas de identidad que figuraban en las boletas no figuraban en el registro de la Dirección Nacional de Identificación Civil.

Abordamos  el tema junto al diputado nacionalista Martín Lema.

Estaba al tanto de que la Justicia estaba investigando el tema, que fue levantado por un fiscal de oficio en el 2016.

Cuando vimos las adjudicaciones que se hicieron, le solicitamos al Tribunal de Cuentas si eran admisibles las contrataciones donde se contrataba a empresas de jerarcas de ASSE.

Se adjudicaba por un monto a través de licitaciones abreviadas, pero después se recurría a la contratación directa permanentemente. Toda esta situación contó con el aval de las distintas autoridades.

El conflicto de interés es fácilmente acreditable, está toda la documentación sobre eso. Incluso de jerarcas que hoy siguen en sus cargos. Falta una señal clara en relación a este tema.

Un traslado de Bella Unión a Montevideo, contratando empresas de jerarcas, costaba 5.000 dólares. ASSE le mintió al Tribunal de Cuentas, tratando de justificar y favorecer la contratación de empresas de jerarcas.

La investigadora terminó comprobando que ASSE podía prestar esos servicios con recursos propios. Y las autoridades de Bella Unión confirmaron que haciendo el servicio ASSE se tenía un costo menor.

"La mamá de Valeria Sosa nunca preguntó cuánto se podría ganar con el juicio, pero sí dijo que no quiere que haya otro caso como el de su hija"

El abogado de la familia de la bailarina asesinada dijo que la madre de Valeria está buscando tener la tenencia de sus nietos.

La familia de Valeria Sosa, la bailarina de “Mi Morena” asesinada por su expareja policía el 30 de enero de 2017, demandará a Estado por “daño moral, perjuicios y lucro cesante”.

El caso tuvo gran impacto en la sociedad por la forma de proceder del homicida, la polémica sobre el destino de los hijos de la pareja y las omisiones que se registraron al protocolo de actuación policial.

Abordamos el tema junto al abogado de la familia, Ignacio Durán.

Hubo una falla del protocolo policial. Es una muerte que dicho por el propio Bonomi se pudo y se debió haber evitado.

Este caso investigó una investigación sumaria en la que hay 19 policías indagados hasta hoy. Se investiga por qué se encajonó la denuncia, por qué no se le dio trámite y se mandó a Valeria de una seccional a la otra.

La familia sabe que a Valeria no se la va a devolver nadie. Ellos nunca preguntaron cuál era el monto de la manda contra el Estado. La mamá de Valeria nunca me dijo cuánto se podría ganar, pero sí me dijo que no quiere que haya otra Valeria.

Nos sorprendió bastante la actitud asumida por el departamento jurídico del ministerio, donde se negó la responsabilidad en el hecho. Y dijo que no se hacía cargo de las cosas que dijera  el ministro en la prensa.

Más allá del daño moral, la responsabilidad no es sujeto de discusión. Lo dijo el ministro y la página institucional del ministerio reconoce el error.

Los dos hijos de Valeria siguen con los abuelos paternos. Tienen vistas fluidas de la familia de Valeria. La mamá de Valeria está pidiendo la tenencia de los menores.

Padrastro de la joven abusada en Castillos: "No acepto que el tipo esté seis meses preso. Tiene que estar unos cuantos años para que aprenda"

El hombre dijo que ya habían acudido al Mides.

El padrastro de la joven víctima de violencia doméstica en Castillos dijo que los seis meses de prisión para el agresor son muy pocos para el daño que ocasionó.

Aseguró también que hicieron denuncias ante el Mides, la Justicia y la Policía, pero nadie hizo nada.

Vecinos de Castillos denunciaron que la joven, que tiene discapacidad intelectual, era víctima de violencia por parte de su pareja. El hombre de 51 años terminó admitiendo violencia sicológica, pero no física, y fue condenado a seis meses de prisión.

“No acepto que el tipo esté seis meses. Tiene que estar unos cuantos años para que aprenda, a ver si aprende de alguna forma. Es un tipo violento, alcohólico. Tuve que pelearme con él, sacarlas a ellas de una casa. Ellas sufrieron mucho”, dijo Walter Rolan.

También denuncia que dos mujeres que estaban encargadas de la curatela de la joven y de su madre cobraron y nunca hicieron su trabajo. Fueron denunciadas y el Mides las echó, dijo el padrastro.

“No les daban la plata de la pensión. Se quedaban con ese dinero. No les daban un peso ni para comprar comida. Esas señoras también tienen que pagar por eso”, agregó Rolan.

Rolan dice que hace cuatro años intentaron denunciar la situación. Fueron a un juzgado, a comisarías de Casabó y de Paso Molino, al Mides, a la casa de la mujer. Y no tuvieron respuesta.

“Fuimos 50.000 veces al Mides a pedir ayuda, pero nunca nos ayudaron, aunque decían que sí lo iban a hacer. Ahora a último momento saltó la situación por lo de Castillos y quedaron en evidencia”, concluyó Rolan.

No se admitirán más viviendas hechas de contenedores en algunos puntos de Maldonado

No se permitirán en los cascos de las ciudades de Maldonado, San Carlos, Aiguá, Garzón y zonas balnearias.

Los contenedores han sido aplicados como una solución habitacional barata. Sin embargo, ha habido múltiples denuncias por la descaracterización de balnearios.

Los contenedores son considerados viviendas de construcción no tradicional, y la normativa departamental indica que deben aprobarse varios requisitos similares a los de edificaciones, como permisos de construcciones y normas de higiene.

Javier García: “El FA nunca quiso hacer de la lucha contra la inseguridad una política de Estado”

El senador nacionalista considera que “hay un problema de crisis de autoridad y eso genera un clima de impunidad”: “El delincuente saca cuentas y ve que el delito no se persigue”.

El miércoles robaron más de dos millones de pesos de una remesa en el cambio ubicado en el Montevideo Shopping. Cuatro delincuentes ingresaron fuertemente armados y amenazaron a los empleados. Es el segundo robo con características similares en 48hs; el martes, robaron una remesa en el estacionamiento del Nuevo Centro. Y en los últimos meses se han registrado varios asaltos con accionar similar.

Los últimos hechos de violencia y robos vienen siendo fuertemente cuestionados por la oposición. El senador nacionalista Javier García en reiteradas oportunidades ha reclamado el cambio de las autoridades del Interior ante la falta de respuestas concretas y efectivas.

El pedido de Bonomi me pareció un atrevimiento porque es parte de una mentira. El Frente Amplio nunca quiso hacer de la lucha contra la inseguridad una política de Estado. Se apoderó de todas las decisiones.

En 2005 la primera decisión fue liberar presos diciendo que eran las víctimas de la pobreza. La gente de bien pasó a ser los victimarios. En 2016 nos convocó el presidente a la Torre Ejecutiva: nosotros llevamos 30 proyectos de ley con propuestas para este tema. Después de seis meses de trabajo, apenas pudimos lograr que el Frente remitiera cuatro proyectos de ley. En el Parlamento, el Frente Amplio no votó esos proyectos. Quien no quiere una política de Estado es el Gobierno.

Hay un problema de crisis de autoridad y eso genera un clima de impunidad. ¿Qué no han hecho las autoridades para llegar a este clima de violencia? Han permitido la falta de autoridad, de límites, de responsabilidad. Hay un discurso que ha propiciado que el delincuente saque cuentas. Las penas no se cumplen, los victimarios terminamos siendo la gente de bien.

El delincuente saca cuentas y ve que el delito no se persigue, que si lo agarran es más negocio estar un tiempo preso y después quedarse con lo que se llevó, o que directamente queda impune. En Uruguay hay una epidemia de homicidios.

Una mujer hace una denuncia por violencia doméstica cada 14 minutos en Montevideo

Cada juez atiende unos 1.500 casos al año por lo que consideran que no se está dando una respuesta adecuada a estas situaciones.

Hasta ahora, el promedio de denuncias por violencia doméstica era cada 17 minutos pero la cifra aumentó. En el Poder Judicial creen que es porque los casos se hacen públicos y las víctimas de atreven a denunciar.

“Toda esa demanda se traslada al sistema judicial que, con ocho magistrados y un número escaso de defensores debe atender. Ahora hay más conciencia y se debe proteger más, pero el problema es muy grande. Desde el Poder Judicial vemos una deficiencia para atender esas demandas”, señaló el ministro de Apelaciones de Familia, Eduardo Cavalli.

La situación en el interior es aún más compleja porque no hay juzgados especializados sino que el mismo juez se encarga de varias materias. El ministro reclamó que se analice volcar más recursos para poder atender la demanda.

La Unidad de Políticas de Género del Poder Judicial hizo un balance a un año de su creación y quiere trabajar con otras instituciones que puedan aportar a evitar los casos.

“Cuando las situaciones llegan al Poder Judicial es porque los hechos ya se consumaron. Tenemos poco para trabajar en prevención”, indicó Carolina Patrón, de la Unidad de Políticas de Género del Poder Judicial.

Patrón explicó que es clave trabajar con otras instituciones que puedan hacer el seguimiento y la rehabilitación de los agresores luego de que termina el trabajo del Poder Judicial.

La aplicación móvil del Ministerio del Interior registró 3.029 denuncias en el primer semestre de 2017

FOTO: Ministerio del Interior

Los incidentes más denunciados fueron accidentes de tránsito e incendios con 227 y 223 respectivamente.

En los primeros seis meses de este 2017 se hicieron unos 3.029 reportes de emergencia a través de la aplicación móvil que ofrece el Ministerio del Interior. De ese total unas 865 eran reales, lo que refleja un 28,5 % de las denuncias. El resto de las denuncias resultaron ser eventos residuales.

Los incidentes más denunciados fueron accidentes de tránsito e incendios con 227 y 223 respectivamente.

Suinau está "sorprendido" por denuncias de abusos y maltratos en centro femenino del Inisa

"En los módulos no hay trabajadores masculinos con las jóvenes", señaló Joselo López, del sindicato de trabajadores del INAU.

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) comenzó una investigación administrativa para comprobar si son ciertas las denuncias por abusos sexuales y maltratos a internas del centro femenino que se realizaron en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados.

¿Qué opina el sindicato de trabajadores sobre estas denuncias? Hablamos al respecto con Joselo López, del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Suinau).

Nos enteramos de esta situación por los medios de comunicación, porque las funcionarios que hicieron las denuncias no se comunicaron con el sindicato.

Lo que nos cuentan la mayoría de nuestras compañeras no coincide con el relato de estas funcionarias ante el Parlamento, por lo que nos sorprendieron estas denuncias. Ese centro funciona de buena manera, hay muchas actividadades y no ha tenido problemas en los últimos tiempos.

Creo que en este caso la administración hizo lo que correspondía: ordenar una investigación de urgencia y otra administrativa. Hay que esperar para determinar si hay alguna responsabilidad concreta en función de las denuncias que se hicieron.

Cuando hay alguna cuestión como la que se denunció, de jóvenes que se autoagredían o recibían maltrato, lo que hay que hacer es lo que dispuso la administración: investigar y dar garantías para determinar si esto es así. Lo que sucede muchas veces es que las jóvenes que están en privación de libertad se autoagreden con cortes y cuestiones por el estilo. El protocolo no está muy claro en ese sentido, pero la práctica que se lleva a cabo es tratar de preservar que no se sigan autoagrediendo y llamar a la atención de salud.

El personal técnico en esta institución es escaso. Muchas veces está más destinado a hacer informes que al tratamiento directo de los jóvenes.

Lo de las relaciones sexuales nos llama mucho la atención porque es una agresión gravísima. En los módulos no hay trabajadores masculinos con las jóvenes. Por lo que hemos escuchado de la presidenta, esta situación se ha descartado.

Las funcionarias fueron directamente al Parlamento y por el sindicato no pasaron, tampoco transitaron los ámbitos que tiene la propia institución como los servicios jurídicos o hablar con mandos medios. No tenemos problemas en coincidir con la administración cuando las cosas se hacen como corresponden: ojalá esto se hiciera en todos los casos, cosa que no sucede. Normalmente se sale primero a denostar a los trabajadores.

Ahora estamos presentando un recurso contra la decisión de definir que el día del funcionario del Inisa sea el mismo día que el del cumpleaños de la presidenta. Creemos que no tiene fundamento lógico. No coincidimos con la presidenta ni con el directorio.

Muchos trabajadores terminan lastimados tratando de separar líos, que en cualquier momento van a terminar en situaciones muy complejas.

Directorio del Inisa ordenó investigación sobre denuncias de maltrato y abuso de internas

FOTO: María Inés Hiriart/focouy

La presidenta dijo que las versiones son contradictorias y respaldó el trabajo del equipo.

Dos funcionarias denunciaron en el Parlamento golpizas, omisión de asistencia y abuso sexual contra internas del centro ubicado en Gral. Flores y Bulevar Artigas. Allí hay 24 menores internadas.

Según la denuncia, mandos medios encubren reiterados incidentes que incluyen engrilletar a las adolescentes, o ayudar a las más “pesadas” a extorsionar a las otras. También afirman que funcionarios mantienen relaciones sexuales con internas que así obtienen beneficios.

La primera investigación de urgencia obtuvo información vaga, confusa y contradictoria, dijo la presidenta del Inisa, que puso en duda la denuncia sobre relaciones con funcionarios.

"El Centro de Internación Femenina es un centro que está atendido por personal femenino. Hay tres funcionarios varones que están básicamente para el chequeo de ingreso y cualquier circulación dentro del centro debe ser acompañado por personal femenino", explicó Fulco.

De todas maneras el directorio de Inisa ordenó una investigación administrativa. Fulco dijo que se abolió el engrilletado dentro de los centros y en el centro de mujeres no hubo denuncia de la Institución de Derechos Humanos, que se entrevista con las internas. Le llama la atención que la denuncia de las funcionarias se haga en el Parlamento y no en el servicio jurídico del Inisa.

La presidenta del Inisa respaldó al equipo de dirección del centro femenino. Dijo que en poco tiempo levantaron el lugar que estaba muy mal. Fulco asegura que denuncias similares aparecen permanentemente, y que ella ha tenido la oposición del sindicato desde antes de asumir en el año 2015.

La presidenta considera que la denuncia pública en el Parlamento es un acto de irresponsabilidad que no solo afecta a las familias de las internas, sino que altera el orden dentro del centro femenino.

Justicia de Crimen Organizado investigará Cambio Nelson por presunta operación de lavado de activos

FOTO: Archivo

La Justicia de Maldonado no pudo encontrar el origen de algunos fondos depositados en Cambio Nelson, por lo que sospecha que hubo lavado.

Parte del expediente que investiga el caso Cambio Nelson irá a parar al Juzgado de Crimen Organizado en Montevideo. Esto se debe a que la Justicia en Maldonado no pudo encontrar el origen de los fondos depositados en las casas de cambio.

Sumado a esta situación está el interés de la Justicia argentina, que desea saber de fondos que salieron del país para hacer compras en Uruguay, como el campo “El Entrevero” que, según Leonardo Fariña, Wilson Sanabria intervino.

La Justicia también citará a un hombre clave en la investigación, y que figura como testigo protegido.

También se trabajará con los acreedores del cambio para que ratifiquen sus denuncias contra Francisco Sanabria.

Intendencia de Montevideo investiga a trabajadores de la división limpieza

Un vecino los filmó tirando neumáticos a un basural y ahora deberán declarar.

Tres funcionarios de la división limpieza de la intendencia de Montevideo están siendo investigados por la división jurídica. Un vecino los filmó arrojando neumáticos a un basural desde un camión destinado a la limpieza de ferias.

La IMM recibió el video y verificó con el GPS del camión y comprobaron que no hizo el recorrido asignado.

Eduardo Brenta, de la IMM dijo que "fueron citados y solo uno" fue para declarar. Agregó que planean dar paso a la división jurídica para actuar rápidamente en la investigación administrativa para que los trabajadores se presenten a declarar.

La Intendencia está implementando un mecanismo de reclamos así como denuncias de este tipo. El servicio comenzará el mes que viene.

Cantidad de denuncias por casos de explotación sexual de menores ha ido en aumento en los últimos diez años

Unas 5.000 personas han sido capacitadas en la última década para detectar situaciones de este tipo.

En el último año, las autoridades de INAU recibieron 333 denuncias de presunta explotación sexual de adolescentes.

Son situaciones que se registran en todo el país, pero en departamentos de frontera o de creciente trabajo zafral o de alto tránsito de turistas, ocurren más casos.

En Montevideo hubo 26 denuncias y en departamentos como Canelones o Tacuarembó más de 30.

La cantidad de denuncias ha ido en aumento desde que hay registro en 2007. INAU admite que es un subregistro porque es muy difícil dar cosas estos casos.