Laura Raffo explica cómo fue el proceso que hizo entrar a Argentina en default y cuales serían las consecuencias para ese país y para Uruguay.
Los problemas de la deuda Argentina se originan en el año 2001cuando tras la crisis económica y financiera, el gobierno se quedó sin reservas para hacer frente a los pagos de vencimientos de títulos. En ese año entró en default y más adelante le propuso a los tenedores de bonos un canje. Ellos le entregaban al gobierno los títulos en default y a cambio el gobierno les daba otros títulos haciéndole una quita de hasta el 70%. A partir de este canje el gobierno comenzó a cumplir con todos los pagos sin mayores problemas.
Sin embargo, hubo un 7% de los bonistas que no aceptaron el canje (los holdouts).
Todos los bonos estaban emitidos bajo la ley de Nueva York. Varios de los holdouts comenzaron a realizar juicios contra el gobierno para recibir los pagos y sistemáticamente el gobierno argentino se negó.
Hasta que apareció el juez Thomas Griesa en Manhattan y falló a favor de los holdouts, diciendo que el gobierno debía pagarles la totalidad del dinero. Pero además, y acá es donde se profundiza el problema, el juez Griesa dice que cualquier banco que, bajo encargo del gobierno argentino, le pagara a los que sí aceptaron el canje antes de resolver la demanda de los holdouts, estaría incumpliendo con su sentencia.
Ayer venció el plazo, Argentina se negó a pagarle a los holdouts, y por lo tanto el banco de New York que tenía el dinero depositado para pagarle a los que sí aceptaron el canje, no pudo hacerlo. Así es que Argentina vuelve a entrar en default.
En este punto es que todos preguntan por qué Argentina no arregló con los holdouts y evitó entrar en default. La única manera de evitar que se desencadenen estos reclamos es aplazar la ejecución de la sentencia del juez y los pagos hasta después de fin de año. Hasta esa fecha opera una cláusula que dice que que si la Argentina voluntariamente hace antes del 31 de diciembre de 2014 una oferta mejor a los que entraron en los canjes de 2005 y 2010, el país dará todos los pasos necesarios para que cada tenedor de los bonos tenga el derecho, durante un período de 30 días corridos, para cambiar sus bonos por efectivo u otros bonos que igualen lo ofertado a los otros.
