El 1º de abril comienza a regir el tope de días de licencia médica para funcionarios públicos; sindicatos señalan "pérdida de derechos"

El sistema ya generó impacto: cuando se supo que las licencias médicas serán acotadas, algunos funcionarios se reintegraron a sus tareas, según constató la Oficina del Servicio Civil.

El 1º de abril comienza a regir el tope de días de licencia médica para los funcionarios públicos, con reclamos de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) por la pérdida de derechos.

Desde el gobierno se considera que el tema no es materia de negociación y que se busca terminar con los abusos de las prolongadas licencias por enfermedad.

El récord de certificaciones lo tienen el Ministerio del Interior y la enseñanza con un 20% de los empleados con licencia médica. En la ley de Rendición de Cuentas del 2022 se aprobó topear a 9 días de licencia como máximo por año y a partir del décimo día un subsidio, como sucede en el sector privado.

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“Nosotros somos conscientes de los régimen que existen. Hemos planteado que si la comparación va a ser tener lo mejor del lado privado y del lado público, hagamos una legislación única y tomemos lo mejor de cada lado. Eso no va a suceder, entonces no es equiparar hacia abajo en derechos sino que hay que equiparar para arriba las conquistas que tengan los sindicatos”, dijo Martín Pereira de COFE.

Para COFE, los desvíos no deben marcar la norma. “Nosotros dijimos que los pocos funcionarios que abusan no tienen lugar en el Estado. Ahí está la incompetencia del gobierno de no cumplir con los mecanismos que tiene, tienen un atraso enorme en los controles”, agregó Pereira.

Desde el Estado se asegura que estarán los límites y se va a controlar. “Vamos a controlar que aquella persona que, por ejemplo, pide licencia médica en el Estado, no esté trabajando en la actividad privada. Por medio del BPS vamos a advertir si hay un funcionario que toma licencia en un organismo del Estado y se mantiene trabajando en la actividad privada”, afirmó el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Ariel Sánchez.

Sánchez dijo que el tema fue dialogado, pero la tesis jurídica es que este asunto no es materia de negociación salarial y que quien determina las formas de trabajo es el organismo que contrata.

Según se dijo, el sistema ya generó impacto: cuando se supo que las licencias médicas serán acotadas, algunos funcionarios se reintegraron a sus tareas, según constató la Oficina del Servicio Civil.

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