Ante la sorpresa manifestada por el fiscal, el consejo directivo explicó que esa norma rige desde 2017 y que en este período ha seguido la situación de varias personas internadas.
La Institución de Derechos Humanos señala que el 3 de julio pasado recibió una comunicación de personal de salud del Hospital Vilardebó asegurando que Fernando Cristino no estaba en “en las condiciones de salud mental adecuadas” para declarar ante el fiscal.
Entonces la directora María Josefina Plá, responsable de esta área, encomendó a la psicóloga Mónica Giordano que se encargara de la situación, de acuerdo “a las competencias que le asigna a la Institución la ley de Salud Mental”.
El Consejo Directivo aclara que al no actuar con el procedimiento que regula las denuncias por eventuales violaciones de derechos humanos no corresponde el contacto con las máximas autoridades de la entidad involucrada.
La funcionaria envió un mail y llamó al fiscal Diego Pérez.
La Institución de Derechos Humanos sostiene que de los registros de esas comunicaciones surge que “se desarrolló un intercambio profesional, correcto y colaborativo entre ambos”. Agrega que el fiscal brindó a la funcionaria toda la información solicitada y aclara que en ningún momento se solicitó información reservada.
Pérez se mostró sorprendido tras imputar a Cristino y dijo que “es la primera vez que llaman en 25 años”.
El Consejo Directivo de la Institución respondió que la que la ley de que otorga nuevas competencias a la Institución en materia de salud mental se aprobó recientemente, el 19 de setiembre de 2017, y que en este tiempo coordinó con varios organismos respecto al estado de personas internadas.
Sin embargo, la ley 19.529 de Salud Mental no hace referencia al deber de la Institución de comunicarse con la fiscalía o la justicia ante un caso de hospitalización compulsiva o voluntaria.
Finalmente, en su comunicado el consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos lamenta que “un manejo equivocado de las circunstancias que rodearon el caso del Sr. Cristino, tal vez originado en el impacto mediático… por causas que son ajenas a la Institución ha llevado a esta situación, que vulnera seriamente el derecho de toda la población de ser debidamente informada de las acciones u omisiones de los organismos públicos”.
