Varios de los trabajadores ahora absueltos estuvieron en prisión por lo que no descartan iniciar acciones legales contra el Estado.
El 24 de julio de 2015 un grupo de internos comenzó revueltas en el hogar Ceprili, en donde se estaba desarrollando una asamblea de trabajadores.
Los funcionarios al ver la situación salen, forcejean con los jóvenes y los inmovilizan. Todo quedó grabado en un video que se hizo público.
El caso llegó a la Justicia y la fiscal Adriana Umpiérrez entendió que reducir a los jóvenes llevaba un minuto, pero había unas 40 personas que luego sometieron a los internos a tratos degradantes que se podían tipificar como torturas.
El 21 de agosto de 2015 el juez Gustavo Iribarren procesó a 26 trabajadores del INAU por estos hechos. 17 fueron a prisión y 9 fueron procesados sin prisión por coautoría del delito.
Quienes fueron presos estuvieron en promedio seis meses en la cárcel. Su defensa pidió la excarcelación varias veces y apeló los procesamientos.
En diciembre de 2016, un tribunal de apelaciones revocó 15 de los procesamientos, y cambió la carátula para otros 11 casos que pasaron a investigarse como abuso de autoridad.
El proceso fue a casación y ahora, según informó Montevideo Portal, la Suprema Corte de Justicia confirmó la decisión del tribunal de apelaciones, por lo que queda ratificado que a 15 de los procesados, no se los debió haber imputado por el delito.
Entre ellos hay algunos que fueron a prisión, y otros que no.
Entre los absueltos que no fueron presos está Joselo López, presidente del Sindicato de Funcionarios del Inau y exvicepresidente del PIT-CNT.
Según el abogado defensor del gremio, Juan Raúl Williman, la semana próxima habrá una reunión con los involucrados para resolver qué medidas se tomarán. Por lo pronto, en varios casos hubo prisión indebida, por lo que seguramente se haga una demanda al Estado.
En otros casos se evaluará cómo se sigue, porque hubo sumarios, separaciones del cargo y suspensiones de sueldos, que afectaron a los trabajadores.
El abogado consideró además que la alarma pública que se generó con la difusión del video, incidió en el dictamen de prisión preventiva del juez.
