Trece empresarios fueron denunciados por receptación y abigeato de ganado. Consultamos al abogado Juan Fagúndez por detalles sobre esto.
El abogado Juan Fagúndez explicó en qué consisten la receptación y abigeato.
Abigeato
Delito en el que una persona hurta ganado.
Receptación
Beneficiarse de un objeto hurtado. Quien fuera a comprarlo, tendría que saber que fue hurtado para configurar un delito.
"Una vez que se lo detiene, hay que entregarlo a la autoridad o llamar a la Policía", explicó el abogado Juan Fagúndez.
Un delincuente de 30 años rapiñó una pollería en Toledo -amenazando al dueño apuntándole con un arma a la cabeza- y luego fue perseguido por vecinos que lo atraparon y le dieron una brutal golpiza.
En un principio se abordó como un “arresto ciudadano” que casi termina en “justicia por mano propia” que, además, involucró a policías y fue filmado por quienes estaban en el lugar.
Consultado al respecto de este caso, en diálogo con Desayunos Informales, el abogado penalista Juan Fagúndez reflexionó:
El arresto ciudadano consiste en que cualquier persona que presencia una situación delictiva y que considera actuar para evitar que siga sucediendo ese delito o para detener a quien ya lo culminó, detenga al delincuente.
Una vez que lo detiene, hay que entregarlo a la autoridad o llamar a la Policía. La única habilitación a ejercer violencia sobre a la persona reducida en la intervención ciudadana es si esa persona te ataca. Ahí se puede ejercer violencia para defenderse y mantener la retención.
Nadie por más delito que esté cometiendo dice que se entrega y se va a sentar a esperar a la Policía: todos tratarán de fugarse. Si es persona sale corriendo, no estamos habilitados a pegarle un tiro para detenerlo. Si se hace un arresto ciudadano hay que considerar que haya otra persona para que sea testigo. La víctima y el actor del arresto no son suficientes para imputar la conducta.
Vi algún video sobre lo que pasó. No vi un policía, pero sé que dicen que había uno. Hay que ver si el policía podía actuar o no para impedir eso, porque había mucha gente. ¿Cómo haría un solo policía para parar la golpiza de cinco o seis personas? Pero todo esto formará parte de la investigación. La gente estaba muy excitada: si el policía intervenía… quizás él temió por su integridad física o que si sacaba el arma se la podían quitar y se agravaba la situación. Fue una situación de violencia y crisis muy importante, y a veces la Policía en vez de aplacar con su mando, incita a seguir.
Si la gente se arroga el derecho a castigar físicamente, algo que no existe en la ley uruguaya, más allá de que las cárceles sean torturantes… me preocupa porque eso va a generar más retiro de quien tiene que hacer ese trabajo. Y me preocupa también porque es un síntoma de la desidia de todo el sistema: estamos atravesando un momento administrativo-procesal complicado, con guerras de vanidades entre funcionarios de altos cargos.
Estamos como en un culebrón que es hasta vergonzoso, cuando están pasando cosas graves. Hay gente a cargo de situaciones que no tiene ni idea de lo que está haciendo: políticos a cargo de la seguridad o de votar leyes que modifican o empeoran la situación. Hay falta de autoridad en todos los aspectos desde la raíz.
"¿Cómo haría un solo policía para parar la golpiza de cinco o seis personas?", reflexionó el abogado penalista.
Un delincuente de 30 años rapiñó una pollería en Toledo -amenazando al dueño apuntándole con un arma a la cabeza- y luego fue perseguido por vecinos que lo atraparon y le dieron una brutal golpiza.
En un principio se abordó como un “arresto ciudadano” que casi termina en “justicia por mano propia” que, además, involucró a policías y fue filmado por quienes estaban en el lugar.
Además, una denuncia penal busca arrojar luz sobre la renuncia de Wilmar Valdez a la presidencia de la AUF.
Abordamos estos y otros temas junto al abogado penalista Juan Fagúndez.
El caso de Wilmar Valdez y las elecciones en la AUF
Hay que ver qué tan trascendentes son los famosos audios. Esto va a dar para la burla, el chiste, salvo que haya una conducta ilícita por sí misma. Valdez dice que no se ha sentido ni extorsionado, ni presionado. Si la supuesta víctima está diciendo eso, si hubo alguna búsqueda de presionarlo… se ve que no se logró, por cómo se ha mostrado públicamente. Pero este puede ser un delito por sí mismo, que no necesite de la denuncia de la supuesta víctima.
Dada la celeridad con la que actuó la Fiscalía, supongo que se trata de algo importante. Cuando un abogado particular hace una denuncia, pasan meses para que se sepa algo. Pero ahora, en minutos ya se resolvió actuar: y eso está bien, pero debería ser así con todo. Espero que esto tenga trascendencia.
Si el fiscal de Corte mandó investigar me imagino que tiene alguna pista sobre los audios, que también eran conocidos por el abogado Barrera. Si bien Barrera asesoró sobre que no involucraba un tema penal, debe haber sido consultado por el tema.
Si yo recibo un audio en mi teléfono, con ese audio pueda hacer lo que quiera: borrarlo, mandárselo a alguien, decir públicamente que recibí un audio de fulano de tal.
El caso del delincuente de Toledo y la “justicia por mano propia”
El arresto ciudadano consiste en que cualquier persona que presencia una situación delictiva y que considera actuar para evitar que siga sucediendo ese delito o para detener a quien ya lo culminó, detenga al delincuente.
Una vez que lo detiene, hay que entregarlo a la autoridad o llamar a la Policía. La única habilitación a ejercer violencia sobre a la persona reducida en la intervención ciudadana es si esa persona te ataca. Ahí se puede ejercer violencia para defenderse y mantener la retención.
Nadie por más delito que esté cometiendo dice que se entrega y se va a sentar a esperar a la Policía: todos tratarán de fugarse. Si es persona sale corriendo, no estamos habilitados a pegarle un tiro para detenerlo. Si se hace un arresto ciudadano hay que considerar que haya otra persona para que sea testigo. La víctima y el actor del arresto no son suficientes para imputar la conducta.
Vi algún video sobre lo que pasó. No vi un policía, pero sé que dicen que había uno. Hay que ver si el policía podía actuar o no para impedir eso, porque había mucha gente. ¿Cómo haría un solo policía para parar la golpiza de cinco o seis personas? Pero todo esto formará parte de la investigación. La gente estaba muy excitada: si el policía intervenía… quizás él temió por su integridad física o que si sacaba el arma se la podían quitar y se agravaba la situación. Fue una situación de violencia y crisis muy importante, y a veces la Policía en vez de aplacar con su mando, incita a seguir.
Si la gente se arroga el derecho a castigar físicamente, algo que no existe en la ley uruguaya, más allá de que las cárceles sean torturantes… me preocupa porque eso va a generar más retiro de quien tiene que hacer ese trabajo. Y me preocupa también porque es un síntoma de la desidia de todo el sistema: estamos atravesando un momento administrativo-procesal complicado, con guerras de vanidades entre funcionarios de altos cargos.
Estamos como en un culebrón que es hasta vergonzoso, cuando están pasando cosas graves. Hay gente a cargo de situaciones que no tiene ni idea de lo que está haciendo: políticos a cargo de la seguridad o de votar leyes que modifican o empeoran la situación. Hay falta de autoridad en todos los aspectos desde la raíz.
Para el abogado de Ademu, hay contradicciones en el relato de los denunciantes y asegura que el hombre acusado por la fiscal no es el culpable.
La Asociación de Maestros decidió contratar los servicios del abogado Juan Fagúndez porque la decisión de la fiscal Sabrina Flores de formalizar una acusación contra un hombre legitimaba que la situación de abuso de los niños había sucedido dentro del predio escolar y en el horario del recreo.
La fiscal Flores acusó a un hombre que fue declarado incapaz como responsable de dos delitos de abuso sexual especialmente agravado y uno de ellos en grado de tentativa.
Para el abogado Fagúndez que basó su informe en las declaraciones de las maestros, y los partes con las declaraciones de los niños y los informes de los peritos forenses existen ocho contradicciones de las madres denunciantes que ponen en duda los hechos.
“Aparecen serias contradicciones en el lugar, fecha, condiciones en que sucedió, quién apareció, la edad del atacante, lo que dice, si juega a la pelota con él o se lo lleva al baño, etc. No son contradicciones nimias, son muy importantes”, indicó el abogado.
Para Fagúndez la fiscal Sabrina Flores aposto al éxito del proceso y no se preocupó por esclarecer los hechos. Ahora la Asociación de Maestros presentará el informe de Fagúndez a las autoridades de Primaria y evalúan posibles acciones contra la decisión de la fiscal.
El abogado Juan Fagúndez afirmó que la Intendencia de Soriano sí cargó combustible en estaciones donde Bascou tenía participación.
El intendente de Soriano, Agustín Bascou, declaró el martes ante la Justicia penal por una denuncia por estafa y libramiento de cheques sin fondo por US$ 415.488 vinculados a su actividad privada. El jefe comunal tiene ahora 15 días para llegar a un acuerdo con las personas que lo denunciaron. Mientras tanto, desde el Frente Amplio se le quiere iniciar juicio político a Bascou y desde el Partido Nacional - al que pertenece- le sugieren dar un paso al costado.
Abordamos los detalles del caso junto al abogado Juan Fagúndez.
Él entregó cheques diferidos con toda la expectativa de pagarlos, como hace años que él ejerce esa actividad comercial y nunca tuvo ningún problema. No es lo mismo que decir que entregó cheques sin fondo. Hay temas de hipoteca y prendas que no tienen nada que ver con este tema.
La investigación penal se trata de cheques diferidos sin fondo. De ninguna manera se está analizando de que hubiera habido una estafa a través de la entrega de esos cheques.
Todos los juicios que estén alrededor de Bascou o de la empresa que explota serán explorados desde el concurso, que lo que hace es designar un síndico, que determina el pasivo y el activo. Hay que ver si alcanza o no para pagar.
No creo que Bascou esté fundido, lo que él explicó en su momento tiene que ver con dos cosas. Una es con su actividad como intendente, que le ha dedicado todo el tiempo y eso ha perjudicado su actividad privada. Por darle todo su tiempo a la Intendencia de Soriano, descuidó su actividad privada. Ese descuido provocó algunos incumplimientos a nivel bancario. Los bancos, habiendo librado cheques diferidos, le cierran las líneas de crédito. Y eso fue lo que pasó.
No conozco el contenido de la denuncia de los ediles del Frente Amplio, pero sí el tema de las estaciones de nafta. Lo hablé por teléfono con él y me dijo que él todavía no tenía conocimiento de los puntos de la denuncia. La Intendencia cargó combustibles en estaciones donde él tenía una participación, y también en otras.
Creo que la Constitución es bastante clara en lo que dice, pero no voy a ejercer la defensa por televisión.
En Esta Boca es Mía debatimos el tema junto al abogado de la familia Pereira, Juan Fagúndez.
El abogado de la familia del difunto prevé que este viernes haya una resolución.
Quince personas declararon este jueves ante la Justicia por la muerte del joven Andrés Pereira, quien fue encontrado muerto cerca de un campamento en Punta Espinillo. Nueve de estos declarantes fueron en calidad de indagados y el resto como testigos. Según indicaron fuentes judiciales, hubo contradicciones en las declaraciones por lo que hubo que hacer algunos careos.
El abogado de la familia del difunto, Juan Fagúndez habló con Telemundo sobre el caso:
“Al momento falta tomar declaraciones a una persona que nunca antes declaró. Mañana viernes podría haber una resolución”.
El abogado de la familia de la víctima considera plantear un delito de encubrimiento.
“Lo que conversamos con la familia es que había gente que, si bien podía no estar vinculada en golpear a Andrés, hubo adultos que no intervinieron sabiendo lo que pasaba”.
Abordamos el caso junto al abogado de la familia, Juan Fagúndez: “Andrés acepta ir al campamento y no vuelve”.
Se confirmó que los restos encontrados en Punta Espinillo pertenecen a Andrés Pereira, un joven de 16 años que desapareció de un campamento en febrero del 2014, en un encuentro organizado por el Nuevo Partido Comunista. El día que finalizó el campamento no llegó a su casa, y los organizadores le dijeron a los padres que no volvía con el grupo porque había tenido un problema.
Hablamos con el abogado que representa a la familia de Andrés en este caso, Juan Fagúndez.
Esto fue un punto en toda esta historia donde de una desaparición pasamos a estar frente a un homicidio. La ansiedad, la angustia y la poca paz que se pueda tener por tener esta certeza lamentable, hace que juntemos fuerzas todos los que estamos en esto para poder llegar a los responsables.
Hay declaraciones de personas que dicen haberlo visto. Los padres recibieron llamados de personas vinculadas al campamento dijeron que él se había ido por la suya. Un testigo dice haber visto cómo le pegaban a Andrés entre varios. Todo eso ahora tiene que compararse con la situación actual de homicidio. No descarto que vuelva a declarar mucha gente.
El padre de Andrés me comentaba que cuando él estuvo en la peinada del campo, él vio que en ese sector que había malezas altas se hizo a caballo, y que tal vez por ese motivo no se detectó el cuerpo o las pertenencias, pero eso no quita que lo hayan planteado con posterioridad. Pero si el cuerpo no estuvo al principio ahí, alguien lo tuvo durante estos tres años consigo o bajo su custodia.
Lo que yo conozco es que es un grupo escindido del Partido Comunista, que pretende tener una vida política, que ha intentado integrar el Frente Amplio y que los campamentos tienen cierta línea de disciplina bastante dura, tendiendo más al disciplinamiento más de estructura militar que a una disciplina de un campamento.
Andrés no tenía nada que ver con esta gente. Un compañero del sindicato de la madre le preguntó si podía llevar a Andrés, que sería bueno que conociera gente nueva, y ella se lo trasmite a su hijo porque creyó que era algo sano, y creía que él no estaba en nada raro. Andrés acepta ir y no vuelve.
Andrés fue visto por última vez con vida en esa golpiza. Los adultos responsables del campamento también lo son de la salud física y psíquica de ese menor. Y ahora ese menor está muerto. Creo que estamos muy cerca de las responsabilidades.
“La Justicia no tiene elementos para resolverlo porque la ley no dice nada al respecto”, dijo el abogado sobre el caso de Soriano.
El caso de un joven en Florida que obligó a un delincuente a desnudarse y lo filmó puso sobre la mesa el debate sobre los arrestos ciudadanos y los casos de justicia por mano. Además, sigue la discusión sobre la figura penal de los femicidios y sobre la ley del aborto, tras el caso de Soriano en que una jueza obstaculizó el proceso de interrupción del embarazo de una mujer a pedido del padre.
Hablamos con el abogado Juan Fagúndez sobre todos estos temas.
El caso de Florida: la justicia por mano propia y los límites del arresto ciudadano
En el caso de Florida, él hizo el arresto y le aplicó la pena. El arresto ciudadano consiste en transportar a la persona hasta donde está la autoridad policial o retenerla. La justicia por mano propia, en este caso, es cuando comienza a interrogarlo y lo obliga a desnudarse, que ya es la aplicación de la pena.
Cuando un juez juzga a una persona tiene en cuenta al menos dos cosas. El hecho objetivo: lo filmó, lo hizo desnudarse y caminar por la vía pública. Y el elemento subjetivo: por qué lo hizo.
Yo pretendo que vos puedas seguir un proceso a través de un abogado privado si el fiscal decide no apelar la decisión de un juez de no mandar preso a alguien, pero el nuevo Código de Proceso Penal no lo quiere.
La justicia por mano propia es en cualquier momento, que vos te creas habilitado para generar una especie de exigencia de determinadas cosas por parte de tu victimario que solo se pueden canalizar a través del Poder Judicial
De ese 26 % de uruguayos dispuesto a la justicia por mano propia… hay que ver cuántos sufrieron de algún delito. En frío, nunca podés aceptar la justicia por mano propia.
Siempre que seas víctimas de un delito y tengas la capacidad de hacerlo se puede hacer el arresto ciudadano, pero siempre en el momento. La justicia por mano propia se puede hacer en cualquier momento, porque te das manija y ta.
¿La figura del femicidio llega al Código Penal?
Me parece interesante para poner la cuestión arriba de la mesa y como un objeto a estudiar, de fácil identificación para todos. Pero no estoy de acuerdo en que ingresa como un delito al Código Penal. En el Código Penal las personas no tenemos sexo, somos todos iguales. Puede haber algunas características, como la de funcionario público y en base a sus tareas.
Me parece que es injusto, está fuera de la normalidad del fundamento del Derecho Penal. En Derecho Penal no se puede hacer eso.
No son crímenes pasionales, son homicidios. Serán agravados o no, pero son homicidios. No hay que meter todo en la misma bolsa.
El caso de la obstrucción al proceso de interrupción del embarazo en Soriano
La ley se olvidó del padre. El fallo va a abrir una puerta interesantísima. Creo que estas son oportunidades que abren a pensar las cosas seriamente y no a través de formaciones de corrientes. Los que creemos que sabemos de Derecho creemos que esto está mal, pero en el Parlamento se vota otra cosa. El Parlamento busca generar determinadas posiciones para tener el apoyo de determinas comunidades: que los voten.
La mujer está de rehén, entre comillas, porque hay algo horrible en todo esto que es el reloj, el plazo. Es la primera vez que pasa. Esto tiene que servir para sentarse a pensar seriamente y no sobre una posición social sobre el tema.
El padre dice que también tiene que jugar en esta decisión. Hay que pensar sobre todo este tema. Se va a resolver en un mostrado de la Justicia, pero se tendría que haber resuelto con tiempo, con el padre y con la persona que está gestando al niño: ella no quiere ser madre de ese niño. Me preocupa eso, porque en los nueve meses no se van a transmitir algunas cosas. Entre el que quiere ser padre y la que no quiere ser madre se tendrían que haber dado miles de entrevistas entre ellos hasta resolverlo ellos, y no la Justicia, porque no tiene elementos para resolverlo porque la ley no dice nada al respecto.
En Esta Boca es Mía recibimos para hablar del caso a los padres del joven desaparecido: Adriana Fernández y Eduardo Pereira.
El abogado de uno de los procesados criticó el fallo judicial por haberlos procesado a todos con la misma participación, cuando no todos participaron igual ni hicieron lo mismo.
El abogado de uno de los hinchas de Nacional procesados por los incidentes en Santa Lucía, Juan Fagúndez, expresó su molestia con el fallo judicial porque considera que no todos participaron igual y no todos hicieron lo mismo. "Mi cliente no llega a la plaza. Me sorprendió que no hubiese habido en el auto de procesamiento una división según las acciones de cada uno. Se procesa en masa, todos con la misma participación, cuando de ninguna manera participan de la misma forma. Tampoco coincido con la tipificación de la tentativa de homicidio, para que la haya tiene que haber una decisión de ir a cometer un homicidio".
Según el abogado, algunos de los que participaron hablaron de venganza, otros de ir a pelear y otros de ir a traerse una bandera. "Esa fue la motivación que los termina juntando en tres autos. Esto es lo que surge del expediente. Ninguna de las personas dijo o estuvo cerca de decir que iban para allá a matar a alguien".
Fagúndez tampoco cree en la premeditación en este caso. "Había gente armada, pero [los otros] se dieron cuenta que estaban armados, en el caso de mi cliente, [fue] cuando se bajaron del auto. Mi cliente dice 'no vine para esto y se queda a una cuadra de la plaza'. Los otros [cuando oyen los disparos] salen corriendo. El hecho de que hubiera armas está en manos de dos personas y los otros se dan cuenta en diferentes momentos a partir de que llegan ahí. No combinan llevar armas y no surge de la declaración ni de la investigación. Cuando declaran 15 personas es muy fácil ver si están mintiendo o no. En este caso todos declararon con algún detalle menor igual. Todos terminaron diciendo las cosas", agregó.
El abogado Juan Fagúndez y la integrante de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, Nurimar Fernández, hablaron sobre las posibles respuestas ante un robo.
