Suprema Corte de Justicia rechazó tres veces la inconstitucionalidad del delito de abuso de funciones

Si bien la conformación de la Corte cambió y los ministros son otros, en todas las instancias los argumentos fueron los mismos.

La Suprema Corte de Justicia en tres oportunidades rechazó el recurso de inconstitucionalidad por el delito de abuso de funciones.

Si bien la conformación de la Corte cambió y los ministros son otros, en todas las instancias los argumentos fueron los mismos.

En 2014, los ministros de la Suprema Corte de Justicia rechazaron el recurso de inconstitucionalidad del delito de abuso de funciones presentado por los entonces defensores del intendente de Colonia Walter Zimmer y otros jerarcas de esa comuna por maniobras irregulares en el empadronamiento de vehículos en ese departamento.

Ese año también por unanimidad los integrantes rechazaron otro recurso similar presentado por los defensores del exministro de Economía, Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco de la República, Fernando Calloia, en el caso de Pluna.

En ambos casos se basó en una sentencia de 2005 cuando los ministros de aquel entonces también rechazaron el recurso de inconstitucionalidad.
En la sentencia de 2005 sobre la constitucionalidad de la figura de abuso de funciones, redactada por el ex ministro Hipólito Rodríguez Caorsi, se reconoce que la figura tipificada en el artículo 162 del Código Penal es “genérica”.

Para fundar la constitucionalidad de la figura, la SCJ cita a Milton Cairoli, quien sostiene que el abuso de funciones protege “el normal funcionamiento de la Administración, que se ve amenazado cuando sus funcionarios no actúan moderadamente en el ejercicio de sus funciones”.

La Suprema Corte de Justicia decidió cerrar la oficina de género que capacitaba a sus funcionarios en esta materia

La decisión generó preocupación y la directora de InMujeres pedirá explicaciones.

Andrea Tuana, de la ONG El Paso, explicó:

El Poder Judicial es una de las instituciones con más dificultades para integrar la perspectiva de género y esta oficina era quien desarrollaba las capacitaciones, la articulación y el intercambio con el resto de las instituciones. Todo eso va en desmedro de lo que ha sido el avance en cuanto a los derechos de las mujeres.

La decisión sorprendió a Mariella Mazzotti de InMujeres que dijo que pedirá una reunión con el Poder Judicial:

No conocemos las razones, creemos que en la medida que nosotros hemos coordinado mucho con la unidad de género que tenía aspectos vinculados a la sensibilización interna, cumplía un rol importante. Lo que no podemos perder, más allá del ámbito específico, es que la mirada de género esté presente.

Mieres solicitará en el Parlamento convocar a la SCJ, a la Fiscalía General y al Ministerio del Interior

Afirmó que está dispuesto a analizar ajustes al Código del Proceso Penal.

El senador del Partido Independiente afirmó que las acusaciones cruzadas están vinculadas al aumento de delitos y los roles que fijó el nuevo Código del Proceso Penal.

"Esto se convirtió en una papa caliente, entonces los operadores judiciales empiezan a pasarse la pelota", dijo Mieres.

La Suprema Corte de Justicia negó que haya problemas para tramitar órdenes de allanamiento, como señalaron dos fiscales, en el marco del nuevo Código del Proceso Penal.

Y por otro lado, cuestionó dichos del ministro Eduardo Bonomi, que relacionó el aumento de los delitos con la visita de la corte a las cárceles en octubre pasado.

El ministerio del interior, por su parte, explicó que el aumento de delitos se debe, en parte, a una menor cantidad de procesamientos, desde que rige el nuevo Código del Proceso Penal.

Y la Fiscalía de Corte consideró “falsa y agraviante” la denuncia de una fiscal, que señala falta de garantías para investigar causas cercanas al poder.

Mieres señaló que la convocatoria es para recibir explicaciones y hacer correcciones.

"El Código del Proceso Penal puede merecer nuevos ajustes legislativos. Y si nos lo plantean, así como todos los ajustes que hizo la SCJ y la Fiscalía los incorporamos antes de poner en vigencia el código, en este caso haríamos lo mismo", finalizó el senador independiente.

Suprema Corte de Justicia aclara situación de supuestas demoras en procedimientos para buscar a "el Kiki"

"Las órdenes de allanamiento se resolvieron en forma inmediata".

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) aseguró que los procedimiento de búsqueda del delincuente Christian “el Kiki” Pastorino se realizaron en tiempo y forma. En este sentido, en un comunicado emitido por el Poder Judicial, se señala que los allanamientos fueron solicitados para el día siguiente y no de forma urgente.

En el comunicado se señala que las aclaraciones se hacen ante “alusiones a supuestas demoras en la tramitación de órdenes de allanamiento”. “No existen problemas en la tramitación de solicitudes en el marco del nuevo Código del Proceso Penal, ni en los sistemas informáticos dependientes del Poder Judicial, ni se han recibido quejas formales al respecto”, señala la comunicación.

En el texto se destaca que, “en el caso de las aparentes irregularidades y/o deficiencias denunciadas por el fiscal Gustavo Zubía en la tramitación de órdenes de allanamiento que habrían facilitado la fuga de un presunto delincuente, los trámites ante el Poder Judicial insumieron exactamente 23 minutos”.

Por otra parte, en el caso de la búsqueda de Christian Pastorino, “los registros de tramitación muestran que las órdenes de allanamiento se resolvieron en forma inmediata, no obstante haber sido solicitadas como procedimientos para realizarse al día siguiente”.

A continuación, el comunicado completo:

Para la SCJ carecen de fundamento las afirmaciones del ministro del Interior, que señaló la liberación de presos como una de las causas del aumento de delitos en los últimos meses

Bonomi lo declaró en el semanario Búsqueda.

Este jueves el ministro Bonomi declaró al Semanario Búsqueda que la baja en el número de rapiñas se había detenido por inconvenientes en la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, y por la visita de cárceles que liberó a más de doscientos reclusos en setiembre.

En respuesta la Suprema Corte de Justicia expresó en un comunicado que el ministro parte de una premisa infundada al relacionar la visita de cárceles con el aumento de delitos. Afirma que no se ha siquiera invocado una relación entre los sujetos liberados y los actuales protagonistas de hechos delictivos.

De los 11.000 reclusos fueron liberados por la suprema corte 224, un 2 % del total. Según el comunicado el porcentaje es similar al del año anterior. En consecuencia, finaliza el comunicado, la relación causal entre el aumento de la delincuencia y la liberación a la que alude el ministro del Interior carece de fundamento.

Este jueves el fiscal de corte había señalado en tanto que es posible que haya dificultades derivadas de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal y que se van a solucionar.

La SCJ convocará a una audiencia en marzo para ver si habilita revisar el proceso de restitución de una niña a España o no

La revisión buscará si hubo irregularidades en el proceso judicial de restitución.

Cuando en octubre 2017 estaba todo listo para que la niña fuera restituida a España, la defensa de la madre presentó un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, que hizo que se suspendiera el viaje.

La restitución había sido sentenciada por un Tribunal de Familia, luego de varias instancias judiciales.

Lo que tiene a estudio la SCJ no es determinar sobre el fondo del caso –es decir establecer si hubo violencia física y abuso sexual a la niña por parte del padre cuando vivían en España hace dos años como denuncia la madre– sino si hubo irregularidades en todo el proceso judicial que requiera volver a hacerlo.

“Refieren a si hubo un motivo que amerite la revisión del proceso. O sea, pruebas que refieran a la conducta del defensor: si hubo algo del defensor que haya generado que la niña no tuviera una debida defensa”, explicó Virginia Salvo, abogada de la madre.

Para la audiencia del 8 de marzo están convocados la madre, el padre y la defensora de la niña. A la niña se le dispuso otra defensora, Luz Calvo, grado 5 en Derecho de Familia, en sustitución del abogado Walter Pritsch, que fue cuestionado por los abogados de la madre.

La madre y la niña hace dos años que están en Uruguay, luego que viajaran de vacaciones y ella resolviera no volver tras decir que constató que la niña había sido abusada por el padre.

El año pasado, una jueza de Violencia Doméstica determinó que madre e hija debían tener una custodia policial las 24 horas por una denuncia que hizo de presuntas amenazas por parte del padre. Esta denuncia ahora se archivó y ambas dejaron de tener custodia.

“Esa custodia se dispuso por seis meses. Al cabo de ese plazo, cayeron esas medidas de protección porque el padre no vino a Uruguay”, detalló la abogada de la madre.

El reclamo para la Rendición de Cuentas, de la nueva presidenta de la SCJ: "Hasta ahora no hemos sido escuchados"

Elena Martínez aseguró que se necesitan recursos para tecnología, edificios, infraestructura y para mejorar la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal.

La presidenta de la SCJ dijo que si bien se atendió la situación salarial, se necesitan recursos para tecnología, edificios, infraestructura y para mejorar la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. Elena Martínez aseguró que no hay problemas en la aplicación del nuevo código pero que todo podría ser mejor si se les asignara el presupuesto que piden.

Además, Martínez advirtió que la Rendición de Cuentas debería prever la creación de juzgados especializados en violencia doméstica, de género y sexual que no existen. "Hasta que no se creen esos juzgados no entendemos que sea pertinente aplicar la ley", sostuvo Martínez. La presidenta de la SCJ aclaró: "cuando modifica delitos, los deroga y crea nuevos, todo eso es aplicable desde que rige".

La SCJ creó una comisión que hará un estudio sobre las necesidades presupuestales para la próxima rendición de cuentas.

Chediak: Corte Electoral es la que debe definir si la visita de Vázquez a un comité implicó actividad político partidaria

El presidente de la SCJ dijo que podría evaluarse una posible consulta si se percibe una grave inconstitucionalidad.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) entiende que le compete a la Corte Electoral definir si hubo actividad política partidaria por parte del presidente Tabaré Vázquez al visitar un comité de base del Frente Amplio.

Jorge Chediak señaló que el organismo que preside podría hacer un llamado en consulta si percibe una grave inconstitucionalidad.

“Lo que tradicionalmente ha ocurrido en nuestro país es que este tipo de actitudes eran competencia de la Corte Electoral”, afirmó el presidente de la SCJ.

La exsenadora comunista y abogada Michelle Suárez admitió ante la Justicia que falsificó firmas

Falsificó la firma de su exsocia y de un hombre a quien fingió representar en un proceso judicial.

“Ella admitió parcialmente ciertos hechos. Hay otros que están en contradicción por lo que se pidió más pruebas. Va a haber otra audiencia para resolver este asunto”, afirmó el abogado de Suárez.

La abogada es acusada de falsificar firmas de su exsocia para hacerse pasar por la abogada de un hombre durante el juicio por la tenencia de su hija.

En la instancia de este martes en el Juzgado de Atlántida, estaban presentes la mujer, su expareja, Suárez, su exsocia y todos sus abogados.

Los abogados admitieron que Suárez falsificó varias firmas. Además, ella admitió no estar pasando por un buen momento, sobre todo por la pérdida de la banca en el Senado.

El caso se rige bajo el viejo Código del Proceso Penal. Además, la Suprema Corte de Justicia deberá resolver si la acusada podrá seguir ejerciendo la abogacía.

Una abogada no reconoció una firma como suya en el expediente de un caso de tenencia en el que la senadora Michelle Suárez ofició como abogada

Este jueves comparecieron ante la Suprema Corte de Justicia las partes involucradas en una disputa por tenencia en el que se acusó a la senadora de falsificar firmas.

La audiencia se realizó en la Suprema Corte de Justicia y responde a un recurso de revisión presentado por el padre de una niña que se consideró perjudicado por un fallo que le quitaba la tenencia y visitas a su hija.

Allí declaro la abogada Michelle Suárez que negó enfáticamente que hubiera falsificado firmas del expediente y menos que hubiera representado a las dos partes en el litigio.

“Lo que siempre manifesté o traté de aclarar es que jamás patrociné a las dos partes. Patrociné a la misma señora y hubo otra colega que patrocinó al otro señor. Eso está a lo largo de todo el expediente donde me presento como abogada de la señora. Me desvinculo de ambos expedientes por situaciones personales y, cuatro años más tarde, me entero de toda esta situación”, dijo la senadora y abogada Michelle Suárez.

Posteriormente compareció la abogada María del Rosario Sánchez, quien ha trabajado conjuntamente con la Suárez en varios casos y tienen una amistad desde sus épocas de estudiante.

Según los abogados de la madre de la niña, no reconocieron como suyas las firmas que aparecen en el expediente.

“Las firmas que correspondían al abogado del caballero fueron desconocidas”, apuntó el abogado Daniel Burgos, defensa de la madre de la niña.

El abogado Martín Etcheverry, defensa de la madre, agregó:

“Tuvimos dos declaraciones contrarias: la de la Dra. Suárez y la de la Dra. Sánchez, socias hasta hace poco.

Ahora nos enteramos que la Dra. Sánchez no habría firmado ninguno de los escritos y por lo tanto la otra parte no tuvo defensa”.

Chediak: "Los jueces conocemos la problemática a la que se enfrentan los fiscales. Hay que adaptarse a los nuevos roles"

"El nuevo sistema está aprendiendo a funcionar", consideró el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Se cumplen dos semanas desde que comenzó a aplicarse el nuevo Código del Proceso Penal, que puso las investigaciones en manos de los fiscales y estableció un sistema de juicios públicos y abiertos. En los primeros días los fiscales denunciaron caos y desorganización. ¿Cuál es la primera evaluación de la Suprema Corte de Justicia?

Abordamos el tema junto al presidente de la SCJ, Jorge Chediak.

Estamos tranquilos con nuestro trabajo de dos años continuo. Esos años dieron sus frutos. Cuando el 1º de noviembre comenzamos a grabar en audio, ya llevábamos 5.000 audiencias grabadas sin problema ninguno: ya no era un modelo en prueba, sino totalmente operativo.

No voy a hacer comentarios desde el Poder Judicial en relación a un organismo autónomo como es la Fiscalía. Nosotros conocemos la problemática. Los jueces que hemos tenido competencia penal, siempre hemos hecho esta tarea que hoy le toca al Ministerio Público y más. Hasta el 31 de octubre, dirigimos investigaciones policiales, hemos tenido el teléfono, que quizás se volvió más enloquecedor desde que tenemos celular.

En Montevideo, hasta el 31 de octubre, había cuatro jueces, que se dividían las cuatro zonas del departamento. Cómo hizo la Fiscalía para distribuir esos trabajos con sus recursos humanos… es un tema de la Fiscalía. Nuestro proceso estaba obsoleto, pero funcionaba. Pero los códigos no hacen milagros. Ya nos han advertido internacionalmente que la etapa de transición de un código al otro genera problemas.

A este proceso hay que darle tiempo. Si le damos tiempo, estamos seguros de que los números se van a ir acompasando a la eficacia que tenía el sistema hasta el 31 de octubre.

El sistema empieza lento. Y hay que adaptarse a los nuevos roles. El nuevo sistema está aprendiendo a funcionar, no está funcionando a su plena capacidad: estará funcionando a un tercio de su capacidad operativa.