SCJ resolvió separar del cargo a las dos juezas que intervinieron en el caso previo al femicidio de Rosana Batista

Iniciaron un sumario administrativo, dispusieron la separación del cargo y la retención de la mitad del sueldo por 180 días.

La Suprema Corte de Justicia tomó la decisión de separar del cargo y retener el 50% de los haberes por 180 días de las dos juezas que habían intervenido en el caso de violencia de doméstica denunciado por Rosana Batista, la policía de 29 años que fue asesinada por su ex pareja el 5 de marzo.

El 15 de enero Rosana denunció a su expareja por violencia doméstica y la jueza del caso le impuso medidas cautelares, entre ellas prohibición de acercamiento y comunicación.

Quince días después, el 30 de enero, la mujer amplió la denuncia porque su expareja no dejó de mandarle mensajes, muchos de los cuales contenían amenazas de muerte. Cuando se volvió a radicar la denuncia, la Justicia no dispuso nuevas medidas.

Ese dí a las siete y media de la mañana Ónix Fagúndez fue hasta la casa de su expareja, donde además vivían sus dos hijas, le disparó dos veces: en el pecho y en la espalda. Luego se suicidó de un balazo en la cara.

Las juezas que intervinieron en el caso no denunciaron penalmente al hombre luego de haber incumplido la orden de acercamiento y comunicación. Cuando sucedió, la jueza reiteró por teléfono que el hombre debía cumplir con lo que la primera jueza había dictado. Si continuaba sin cumplir, incurriría en un delito de desacato.

Este lunes el ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak confirmó que las dos juezas involucradas, Natalia López y Paula March, fueron suspendidas de su cargo y se retendrán sus haberes por 180 días. Posteriormente las magistradas podrían ser sancionadas.

Chediak aseguró que "estamos al inicio del procedimiento administrativo, hemos dispuesto un sumario administrativo para las dos juezas y la retención del 50% de los haberes por 180 días porque entendimos que el análisis final de los informes que tenemos lo ameritaba".

 

Chediak: "Tenemos que hacer una segunda reforma urgente del Código del Proceso Penal; y si son necesarias, una tercera y una cuarta"

"El nuevo código es benigno con los delincuentes y le dio demasiadas facultades a los fiscales", apuntó.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, fue consultado en las últimas horas por la incidencia del nuevo Código del Proceso Penal sobre el aumento de delitos y dijo que "de no ser por su aprobación en noviembre de 2017, hoy tendríamos una baja de las rapiñas superior al 20%". Si bien reconoció que "la ley del nuevo CPP era imprescindible" y que se le introdujeron cambios que mejoraron la situación, insistió en que "hay que seguir modificándolo". En declaraciones al programa En Perspectiva dijo: "Que quede en libertad el que cometió homicidio o rapiña grave... algo anda mal. La política de seguridad es global y no depende solo del Ministerio del Interior", señaló Bonomi.

Abordamos el tema junto a Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Era muy arriesgado decir que una baja de delitos en dos meses realmente implicaba una reversa después de 30 años. Tal vez era simplemente la línea quebrada de ascenso. Puede haber un año 19.000 rapiñas, pero al siguiente haber 21.000.

Las líneas de aumento de los delitos y de los delitos violentos vienen aumentando desde la dictadura. Hoy tenemos arriba de 21.000 rapiñas.

No podemos, como hacía Harry Potter, pensar que hemos descubierto la piedra filosofal que nos diga por qué hubo una pretendida reversión del ascenso de los delitos y decir que este código es el culpable de todas las dificultades en materia de seguridad.

El nuevo código es benigno con los delincuentes, y lo reconozco. Pedimos disculpas por anticipado por las complicaciones. En su momento, desde la comisión redactora original aconsejábamos la prudencia e ir hacia una implementación progresiva regional. Por primera vez, el sistema político decidió ir hacia lo más riesgoso, lo más rápido, y cubrir todo el país desde el mismo día. Así nos privamos de ir haciendo ajustes.

Todos los partidos políticos asumieron el riesgo de la implementación en todo el país y en simultáneo del nuevo Código del Proceso Penal.

En 2018 ya se hizo una primera reforma. La reforma se hizo y no podemos ponernos a criticar con el diario del lunes. Había que tener la enseñanza de la realidad. Había que poner el código a funcionar en la realidad uruguaya, con los operadores uruguayos, y ver cómo funcionaba. A través de los pocos artículos que refieren a los procesos abreviados, si tomamos en cuenta todos los procesos abreviados, salen más de 90 % de los casos, y eso no estaba previsto.

Tenemos que hacer una segunda reforma urgente para ir corrigiendo los efectos de la implementación que surgieron. Y si es necesaria una tercera y una cuarta, hacerlas. No había forma de prever estos errores, necesitábamos la realidad. Hubo errores, se les dieron demasiadas facultades a los fiscales.

Eduardo Turell asumió como presidente de la Suprema Corte de Justicia

Dijo que preocupa la falta de recursos para implementar algunas leyes, como la de violencia de género.

Al asumir Turell dijo que mantendrá el criterio de tener “bajo perfil”.

En pocas ocasiones hablará con los medios de comunicación aunque garantizó que se brindará toda la información a través de la Dirección de Comunicación del Poder Judicial.

Aseguró que sus objetivos son los de los cinco ministros y que generan preocupación los recursos que siempre son limitados.

El ministro de la SCJ Jorge Chediak lamentó en Twitter la muerte del policía Javier Di María

El ministro conoce a Di María porque ambos integran la Masonería, según confirmó Telemundo.

“Nuestro pésame por la temprana muerte del Oficial de Policía Javier Fco. Di María. Hombre de buenas costumbres que dedicó parte de su vida a la reflexión sobre el ser humano, sus deberes y sus derechos”, escribió Chediak.

“Tuvimos la suerte de acompañarlo en ese camino. Nuestro más sentido pésame”, agregó el ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Suprema Corte de Justicia desestimó demanda de los funcionarios de ASSE que implicaba el pago de más de 40 millones de dólares

ASSE fue demandado 104 veces por un total de 3.500 funcionarios.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó una demanda de los funcionarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por considerar que se les había liquidado compensaciones que determinó una ley de 1990.

ASSE fue demandado 104 veces por un total de 3.500 funcionarios que reclaman cerca de 47 millones de dólares. Por ahora, la Corte falló en seis de esos casos: fueron desestimados en primera y en segunda instancia.

El fallo, según el diario El Observador, indica que los ajustes se realizaron en forma correcta, de acuerdo al sueldo básico y no al salario.

Los funcionarios reclamaban pagos por malas liquidaciones de partidos de antigüedad, nocturnidad, asiduidad y de aguinaldos, entre mayo de 2010 y 2015.

En el caso de ese fallo, el monto reclamado por los demandantes era de 290.000 dólares, que se suman a las otras demandas, llegando así a los 47 millones de dólares que se reclaman.

Denuncias sobre violencia doméstica en Uruguay se multiplicaron casi por seis en los últimos doce años

La Suprema Corte de Justicia pide más recursos para atender la demanda y aplicar la nueva ley integral contra la violencia basada en género.

En la comisión de Diputados la Suprema Corte defendió su pedido de 940 millones de pesos adicionales, de los cuales 200 son para inversiones por única vez y 740 serán el gasto anual para una implementación digna y efectiva de la nueva ley.

“La mayor problemática viene asociada a la infraestructura del interior del país, que es donde no tenemos lo necesario para poder montarlo. En Montevideo se puede montar con creaciones mínimas de cargos y haciendo una gran reconversión de otras sedes”, dijo Marcelo Pesce, director general del Poder Judicial

Parte del pedido es para crear 33 juzgados especializados en violencia basada en género. Ya se han realizado procedimientos por la nueva ley.

“Esos procedimientos se están haciendo con los recursos que los jueces tienen hoy. Lo que puede estar pasando es que si sigue aumentando la demanda, se siguen haciendo uso de esta nueva ley que está vigente puede llegar un momento donde no se pueda atender esa demanda”, expresó Pesce.

En comisión la Suprema Corte informó sobre un aumento exponencial de denuncias por violencia doméstica. Pasaron de 7.000 en el año 2005 a 39.000 el año pasado.

Legisladoras de todos los partidos se reunieron con la Suprema Corte por la implementación de la ley de violencia de género

Por la falta de presupuesto las autoridades judiciales informaron que la norma se comenzará a aplicar en forma gradual.

El Poder Judicial pidió 30 millones de dólares para implementar los cambios que requiere la ley: al menos un juzgado especializado en cada departamento y 30 sedes en Montevideo con su correspondiente personal.

La Fiscalía pidió otros 10 millones de dólares. Pero el Gobierno en la Rendición de Cuentas no prevé todos esos fondos y entonces el dinero no estará.

Las legisladoras quedaron conformes con las respuestas de la Suprema Corte.

Para otros aspectos de la ley en la Rendición de Cuentas se otorgan recursos al Ministerio del Interior para compra de más tobilleras y a vivienda para soluciones habitacionales para víctimas.

Autoridades de ASSE se reunieron con la SCJ para mejorar la transferencia de pacientes desde el sistema judicial

Entienden que las instalaciones del Hospital Vilardebó se saturan y no se cumple con la función de recuperación buscada.

La aplicación del nuevo Código del Proceso Penal ha fomentado más internaciones judiciales en el Hospital Vilardebó, aseguró el director del Programa de Salud Mental de Salud Pública.

Esto complica la atención en las instalaciones que están trabajando a tope de su capacidad desde hace años, agregó.

Caso María: SCJ rechazó argumentos en el recurso de revisión para evitar la restitución de la niña a España

En algunas semanas, la pequeña y su madre deberán viajar.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) por unanimidad rechazó todos los argumentos presentados en el recurso de revisión para evitar la restitución de la niña a España.

En algunas semanas, la pequeña y su madre deberán viajar y será en los juzgados de España donde se defina sobre las denuncias de abuso y violencia hacia la niña, que denuncia la madre.

Los tres hombres y las dos mujeres que integran la Suprema Corte de Justicia decidieron por unanimidad que no debe revisarse el proceso de restitución de la niña a España, y por lo tanto debe cumplirse con lo que varios jueces determinaron: que la niña vuelva a España y que sean los juzgados de ese país que investiguen si hubo violencia y abuso sexual a la niña.

No correspondía a la Corte pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones que hace la madre contra el padre.

Los ministros de la Corte desestimaron cada uno de los argumentos presentados por la defensa de la madre para que se revisara el proceso y quedara sin efecto la restitución.

Uno de esos argumentos era que existió colusión o maniobra fraudulenta del exdefensor de la niña y por lo tanto la pequeña quedó en indefensión. Esto fue descartado por la Corte porque ninguna de las pruebas fue contundente.

Durante las audiencias por el recurso de revisión, la defensa de la madre habría relatado varias irregularidades para sostener esa indefensión.

También la defensa de la madre presentó como argumento que había contradicción en las sentencias de los jueces de familia en que permitían la restitución pero a su vez pedían una medida cautelar de prohibición de acercamiento del padre.

Para la Corte no existe contradicción porque los magistrados consideran que era ilegítima la retención de la niña en Uruguay y que por eso debía volver a España, pero como hay denuncias pendientes de violencia doméstica y abuso, hay que tomar medidas de cuidado de la niña hasta que se sepa qué pasó.

Los ministros que leyeron todo el expediente encontraron que la madre de la niña “cambió radicalmente el relato de los hechos” y agregó: “Resulta particularmente llamativo puesto que los principios de probidad y de buena fe que deben presidir la actuación de los litigantes les impiden variar la versión de los hechos, según su conveniencia, durante el curso del proceso”.

Tampoco hizo lugar al argumento de la defensa sobre la caducidad de la restitución porque había pasado ya el plazo porque los abogados se basaron en una normativa nacional que no obliga a España. Por lo que la restitución está dentro de los plazos.

Finalmente sobre el planteo que hizo la actual defensora de la niña en la última audiencia en la Corte, los ministros lo desestimaron porque no era el ámbito para el planteo.

La abogada Luz Calvo había pedido que se tuviera en cuenta la importancia del arraigo de la niña que hace más dos años que está en Uruguay y las consecuencias que tendrían en la pequeña el cambiar de país y entorno.

Los ministros dijeron: “Solo cabe interpretar esa petición como una reflexión de la defensora de la niña que como un planteo jurídico digno de ser atendido en esta oportunidad”.

SCJ decide el destino de María

Esta jornada se define si deben volver o no a España. Nos acompañó la abogada de María, Dra. Virginia Salvo.

Suprema Corte de Justicia concluyó que el nuevo Código del Proceso Penal es constitucional

Los ministros consideraron que presentar el recurso de inconstitucionalidad es una maniobra dilatoria.

La Suprema Corte de Justicia concluyó que es constitucional el nuevo Código de Proceso Penal.

El organismo rechazó el recurso contra 50 artículos del CPP que había presentado la defensa del penalista que amenazó de muerte al fiscal Jorge Díaz. La resolución fue tomada por unanimidad.

Los ministros además, consideran que la presentación del recurso es una maniobra dilatoria de la defensa y los condena a pagar los costos del proceso. La decisión es clave porque la corte tiene varios recursos similares a estudio.

Abogados defensores de acusados por distintos delitos han argumentado la inconstitucionalidad del nuevo código para evitar la prisión de sus defendidos.

Uno de los casos que están en suspenso es el del presunto narcotraficante de San Carlos apodado “El Buñuelo”.

Suprema Corte de Justicia otorgó libertad por gracia a siete de los 79 reclusos que se presentaron para obtener este beneficio

Desde la SCJ dicen que con el nuevo Código de Proceso Penal ha disminuido considerablemente el número de procesados con prisión. 

La Suprema Corte de Justicia realizó una nueva visita de cárceles y otorgó la libertad por gracia a siete de los 79 reclusos que se presentaron para obtener este beneficio.

El ministro Eduardo Turell apuntó: "Otorgamos un porcentaje relativamente bajo, 12 porciento de los presos que desfilaron". Sostuvo que eso se explica por la índole de los delitos que de que se trataba.

Las autoridades de la Suprema Corte dicen que con el nuevo Código de Proceso Penal ha disminuido considerablemente el número de procesados con prisión.