Tuvo reiterados intentos de fuga y está en prisión domiciliaria desde el año 2016.
Gilberto Vázquez nació hace 75 años en Rivera, ciudad donde hoy cumple prisión domiciliaria.
Era capitán cuando comenzó la dictadura en 1973. Fue miembro del Servicio de Información e Inteligencia y después de la OCOA, el Órgano Coordinador de Actividades Antisubversivas.
Ocupó el séptimo lugar de mando en el centro clandestino de detención y tortura conocido como “300 Carlos”. En el marco del plan Cóndor, participó en Argentina de la detención y tortura de militantes del PVP, que fueron trasladados a Montevideo y asesinados.
Es el denominado segundo vuelo, que muchos militares han negado durante décadas. En una entrevista de Últimas Noticias en el año 2011, Gilberto Vázquez confirmó el traslado de uruguayos desde Argentina, justificó la tortura como algo “útil” y dijo que con algunos “se les fue la mano”.
Tras la llegada de Tabaré Vázquez a la Presidencia y la decisión de aplicar el artículo 4º de la Ley de Caducidad, el coronel fue detenido junto a otros militares.
En el 2006 se fugó del Hospital Militar y fue recapturado cuatro días después. Se había puesto una peluca.
Esa fuga hizo que interviniera un Tribunal de Honor, que determinó la pérdida de calidad de militar y redujo a un tercio la jubilación que percibía. Ese ingreso le fue restituido por buena conducta en el 2012.
Su relación con otros militares detenidos era mala, y en la cárcel de Domingo Arena estaba en celda separada de los demás. Le recriminaban que, por su intento de fuga, todos los acusados tuvieron que esperar las condenas en prisión.
Según el Ministerio del Interior, Vázquez volvió a intentar fugarse en el 2007 y en el 2011.
En el 2009 Gilberto Vázquez fue condenado a 25 años de cárcel por 28 homicidios especialmente agravados. Dos años después también fue procesado por la desaparición y muerte de María Claudia García de Gelman, que estaba en ese segundo vuelo, y por la apropiación y robo de identidad de su hija Macarena.
En el 2016 la justicia le otorgó prisión domiciliaria por razones de salud, y dos años después le permitió cumplirla en Rivera, por razones económicas y familiares.
En octubre del 2018, tras probarse que había violado la prisión domiciliaria, se instaló una custodia policial en la puerta del edificio ubicado en la calle Sarandí y Figueroa, a tres cuadras de la frontera con Brasil.
