El diputado del Partido de la Gente habló de las elecciones, su vínculo con Novick y delineó los cambios y controles que quiere impulsar en los mercados financieros.
La semana pasada se presentó un proyecto de ley con el objetivo de generar una herramienta que sirva a los consumidores como protección de todo tipo de contratos de crédito, de manera que las “abusivas” tasas de interés no los lleven a un sobreendeudamiento. La propuesta tiene por finalidad reformar y ampliar el alcance de la Ley de Usura. En este proyecto se propone por un lado modificaciones a artículos de la ley 18,212, se propone la derogación de algunos de los artículos vigentes, y se integran algunos innovadores, o que buscan una ejecución efectiva de la ley.
Seguimos teniendo la estructura nacional y tenemos una actividad fuerte en Montevideo. El sublema con el que salimos es Unión Vecinal, que fue el primer sublema que ganó en Montevideo con Fernández Crespo. También estamos en Canelones, Maldonado, Maldonado, Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo; manteniendo la estructura.
No es secreto: venimos del PN. No soy diputado por primera vez ni salí exclusivamente por el PG. Hay una serie de compañeros que nos acompañan hace 20 años.
Tengo una posición independiente pero siempre intentar ser positivos a la vida del país.
Elecciones municipales
No se pudo presentar porque había que llamar a convenciones. Todavía está pendiente para cambiar autoridades en el PG. Cuando la pandemia pase, se hará la convención y se definirán las autoridades. No se pudieron definir los candidatos y por eso acompañaremos a los candidatos del PN.
Edgardo Novick
Que yo me entere, Novick no está haciendo aportes. No tengo diálogo con él desde hace tres meses antes de las elecciones. Creo que es un tema superado. El partido tiene que retomar la orgánica, es una obligación, sacó más votos que uno de los partidos que tiene un ministerio.
Aportes
Lo más importante es pasar raya y ver qué hizo cada uno. En la LUC hay cuatro leyes actuales como el único artículo de corrupción que tuvo: todos los funcionarios públicos que administraban fondos públicos en empresas privadas no eran alcanzadas por la ley y eso ahora cambió. Con esta ley hubiera sido distinto el destino de De León y muchos otros.
También venimos trabajando en bienes del Estado y juicios al Estado. Están incorporados a la ANV. Hay miles de metros construidos y abandonados en Ciudad Vieja, que no están centralizados para administrarlos y mirar estratégicamente.
Otro de los temas más importantes en que falta avanzar es incorporar juicios al Estado. Vi cómo se festejaba no perder más dinero con el juicio de Aratirí, pero mucha gente sabe que en los últimos diez años hemos pagado más de 7.000 millones de dólares. Nadie se fija de después ir a solucionar el problema y después quienes se presentan contra el Estado por ese problema siguen ganando.
Proyecto de Usura
Labat decía que el foco va a estar en la inflación, en el entorno del 5 % y permitir intereses del 200 % es un asesinato. Que lo permitamos por ley es inmoral.
Es un tema de justicia. La usura está regulada, pero es muy laxa. En un país que apunta a tener inflación de un dígito, permitir intereses del 200 % es inmoral. Y en una pandemia donde la gente se está quedando sin empleo es muy maquiavélico. Hoy tenemos un oligopolio, donde unos pocos administran el sistema de créditos, donde la gente que tiene una deuda pasa a ser un muerto civil.
El proyecto es limitar las tasas medias bancarias (TMB). En el resto de los países del continente, la TMB anda cerca del 30 % y en Uruguay los fuera de nómina están al 100 % si le agregamos gastos de administración, hablamos de 200 %. Eso es lo que cobran las financieras, que las compraron los bancos y eso hizo subir la TMB, porque se calcula sobre el promedio de préstamos de los bancos.
Cuando compraron las financieras, los bancos integraron a sus balances y cálculo de cuota lo que se cobraba en la financiera y en su tarjeta. Eso, en vez de bajar la TMB, la hizo subir. En Uruguay bajó la inflación pero subió la TMB.
Lo que proponemos es: sobre la TMB, le sumaríamos la inflación, se actualizaría por IPC. También incorporamos a la ley la información. Todas las casas de crédito tienen que dar información clara sobre los intereses.
Hay publicidad engañosa y por eso lo ponemos en la ley. Lo mismo la forma de capitalizar intereses. No se pueden cobrar intereses compensatorios y moratorios. Hay muchos casos reales en que hacen todo junto.
La pandemia hace urgente esta ley, porque la bancarización obligatoria fue previa. Hoy quien está fuera del sistema bancario pasa a ser un muerto civil: si entra en el clearing, no saca un crédito más en toda su vida.
Hay personas que se endeudaron, vino la pandemia – que no podían preverla –, perdieron su trabajo y para no perder la cuota del banco entraron en una calesita de financiera tras financiera que son del propio banco que no le dan crédito a una tasa razonable pero sí por otra ventanilla tres o cuatro veces más caro.
Tenemos 100.000 personas en este problema.
Es tan maquiavélico donde el sistema hace que mientras más precises, más te dan con un caño.
Control
El BCU tiene que estar mucho más firme en este control y que la ley tiene que ser más clara con sentencias más firmes. El BCU no sabe cuánto es el balance real, cuánto gana el banco como unidad y cuánto la financiera. Eso está en una unidad y no debería ser así. No sé si es ilegal, pero es gris.
Permitieron que bancos y pocas manos compraran el sistema. No debimos permitir que el sistema financiero fuera oligopólico.
