Ministerio del Interior advirtió "crecimiento exponencial" en las adjudicaciones. Contactamos con el presidente de la Asociación de Magistrados, Leonardo Méndez.
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Presidenta de la SCJ: "La Corte no puede estar todo el día investigando qué están haciendo los jueces"
Las fugas de al menos cinco narcotraficantes que habían obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria generaron cortocircuitos entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial. A mediados de setiembre el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y la presidenta de la Corte, Doris Morales, se reunieron por este y otros motivos. Heber había dicho que es “muy desalentador ver la falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico", en referencia a los jueces que otorgaron estos beneficios. Recibimos a Doris Morales para hablar sobre este tema.
La revisión de la prisión domiciliaria tras fuga de presos
Desde el primer momento estamos realizando lo que debíamos hacer que era, en principio, una investigación administrativa, y esa investigación está en trámite. En otro de los supuestos, se inició un sumario.
El objeto se fija con el fin de que el instructor solo analice ese objeto, que es reservado. Tienen 60 días de plazo para ambos casos y después la Corte decide cuando tengamos el informe del instructor, que es un ministro de Tribunal.
Con respecto a las decisiones de los jueces en el aspecto jurisdiccional, es decir, si un juez decide algo, están los recursos en el proceso para que eso sea revisado por un Tribunal de Apelaciones. Las decisiones no se analizan en un procedimiento de este tipo. Sí pueden analizarse si hubo error inexcusable, porque ahí eso sí da lugar a sanciones porque está expresamente previsto por la ley.
Ni la SCJ ni ningún juez actúa porque le parezca, porque le dijeron. Yo apelo a tener suficiente criterio como para analizar las cosas objetivamente.
Las certificaciones médica falsas para lograr prisión domiciliaria
La existencia de documentos falsos en expedientes puede suceder. No es algo esotérico. Fui durante años juez laboral y vi documentos falsos. Lo que puede ser diferente es el accionar en estos casos.
El mundo cambia día a día. Tenemos la inteligencia artificial. Los jueces siempre estamos aferrados a la Ley, a la Constitución, pero la vida cambia. Tenemos que adaptarnos en nuestro conocimiento para poder enfrentar y resolver este tipo de problemas. Son nuevas tecnologías aplicadas a viejas problemáticas.
Las críticas del ministro Heber tras la fuga de narcos
El juez debe ser alguien que no tiene prejuicios. A mí como juez no me gusta sentarme a criticar, sino sentarme a trabajar, y es lo que he hecho siempre y aspiro a que si me toma alguien como ejemplo de los jueces jóvenes, tome ese ejemplo de sentarse a trabajar con los oídos tapados de la información que está afuera. La información debe ser la que obtengo estudiando y la que obtengo del expediente, y nada más.
Hay cosas que están determinadas por ley y otras que dependen del criterio de juez, que en cuanto a la razonabilidad va a decidir. Las cuestiones que el juez resuelve en un proceso, si son incorrectas en cuanto a la forma de proceder, admiten los recursos, que eso determina que un Tribunal Superior resuelva si el juez estuvo bien o mal. Después, si hay alguna queja, alguna denuncia, podrán hacerse si en ese accionar se actuó con error inexcusable, que es aquel error evidente que determinaría en un caso alguna sanción al juez que actúa de esta forma. La Suprema Corte de Justicia no puede estar todo el día investigando qué están haciendo los jueces. Tampoco actúa en todos esos recursos de carácter procesal. Hay cosas que llegan a la SCJ y cosas que no. Después está toda la parte administrativa que es un supuesto error o accionar de un juez, que llega a la SCJ por la vía de la parte administrativa que tiene la Corte sobre los jueces. La SCJ no puede estar diciéndole a los jueces lo que tienen que hacer. Los jueces son independientes en sus decisiones. Los errores determinan responsabilidad. La SCJ no sale a investigar a todo el mundo a ver si cometió un error.
Vocero de la SCJ sobre las certificaciones falsas para lograr prisión domiciliaria: “Sospechamos que se introdujo dentro del expediente físico”
Al menos 15 delincuentes fueron reintegrados a la cárcel tras la revisión de sus casos que dispuso la Suprema Corte de Justicia, a raíz de la fuga de narcotraficantes que habían obtenido la prisión domiciliaria con certificados médicos apócrifos. La presidenta de la Suprema Corte, Doris Morales, había recibido por parte del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, un listado de 50 casos en 2023, en los que se les había otorgado la prisión domiciliaria a personas privadas de libertad vinculadas al narcotráfico. Para hablar sobre este y otros temas, recibimos al vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat.
La decisión de revisar las prisiones domiciliarias
Nosotros no estamos revisando los casos por lo que haya enviado o no el ministro del Interior. La SCJ antes de ese envió de los casos en los cuales podría haber sospecha de irregularidad, había ordenado a todos los jueces del país una revisión de las prisiones domiciliarias. Como efecto de todo eso, probablemente hayan sido ese número de casos.
¿Por qué el Poder Judicial no sabe cosas que sí el Ministerio del Interior? Porque eso llama la atención de inmediato. Esto es por la forma en que trabaja el Poder Judicial, que trabaja caso a caso. Cada expediente es una base de datos referido a un caso, a un asunto que puede ser de orden penal, donde hay una determinada cantidad de personas involucradas. Y el juez trabaja solamente sobre ese caso. Y el resultado de esas decisiones termina reuniéndose en dependencias del Ministerio del Interior, quienes sí pueden llevar esas estadísticas. Y esa es la razón por la cual la Corte, además de ordenar la revisión, pidió que cada juez en todo el país remitiera esa información y ahora se está reuniendo en la Corte. Entonces, recién ahí la SCJ va a poder tener datos más precisos.
Hubo dos fugas de personas que habían sido penadas por narcotráfico. Estas personas habían sido beneficiadas con la prisión domiciliaria. Eran dos personas que ya tenían sentencia y sabían el tiempo de privación de libertad que tenían que cumplir. ¿Por qué los jueces pueden otorgar prisión domiciliaria? En estos dos casos, la razón era por cuestiones de salud. Si estando la persona recluida no puede ser debidamente atendida o corre riesgo su vida, integridad o salud, los jueces pueden optar por dar otra medida que de alguna manera contempla esta situación. ¿Por qué los jueces no pueden obligar igualmente a una persona a padecer cárcel si eso pone en riesgo su salud o su vida? Sencillamente porque los jueces son los últimos garantes de los Derechos Humanos. A la persona que penamos, solo le quitamos su libertad ambulatoria, ningún otro derecho.
Lo que pidió la Corte fue una revisión. Es decir, si realmente había necesidad en estas situaciones de otorgar la prisión domiciliaria. A veces esas cosas cambian con el tiempo, entonces es muy posible que esa revisión indicara que había personas que estaban usufructuando este beneficio, para los cuales ya no era necesario.
En esos dos casos hay sospecha de que además de las decisiones que tomaron las juezas también se introdujeron documentos falsos.
Las certificaciones falsas para lograr prisión domiciliaria.
Tenemos por lo menos una abogada formalizada. Hay sospecha de que una abogada y una persona que no era profesional participaron de una maniobra que introdujo información falsa. Esto es muy delicado porque todo el sistema se basa en la confianza.
No lo esperábamos. Había una plena confianza de que los operadores trabajaban de buena fe. Había tensiones, había abogados que sostenían que los jueces aplicaban mal la ley o no daban lo que pedían, esas tensiones siempre existieron.
Sospechamos que se ha introducido documentación falsa y que esa documentación es física, papel. Sospechamos que se logró introducir dentro del expediente físico información falsa. Certificados y dictámenes del Instituto Técnico Forense.
Si alguien de mala fe está haciendo trampa, no importa si se traen más certificados y más historias clínicas. Hacer trampas es malísimo para el sistema, se puede hacer trampas en todo el sistema, no importa cuanta información se traiga.
Gustavo Zubía: "El régimen de Jorge Díaz en fiscalía fue esclavista"
Hace más de dos años que el diputado Gustavo Zubía viene insistiendo con la necesidad de reformar la Fiscalía General de la Nación, con el fin de quitarle poder al fiscal de Corte. Su propuesta se convirtió en un proyecto de ley que, entre otros aspectos, promueve la creación de un triunvirato que dirija el organismo. Zubía indicó que en los últimos años "el cargo de Fiscal de Corte se ha transformado en el de mayor poder por lejos después del presidente de la República" y que debe ser equilibrado. "Hoy en día el fiscal tiene mucho más poder que Heber", señaló.
Si bien el texto ingresó al Parlamento, no llegó a tratarse porque en un momento no contó con el apoyo del Partido Nacional ni del presidente Luis Lacalle Pou. No obstante, según informó El Observador semanas atrás, esa negativa tajante se habría flexibilizado, y los legisladores de la coalición vuelven a darle una oportunidad al proyecto.
Propuesta de un triunvirato para la dirección de la Fiscalía
Acá uno no puede establecer conclusiones definitivas por notas periodísticas, pero la nota periodística hace referencia a que el principal viento, se llama presidente de la República, creo que ha ido cayendo en la cuenta en los graves problemas que está atravesando la fiscalía y está en una posición diferente que tenía originariamente. El Partido Colorado lo apoyaba, casi todos los integrantes del partido me acompañaron en la propuesta. Cabildo Abierto acompañaría. Si el presidente del Partido Nacional con la influencia que tiene el presidente en su propio partido en este momento da el ok, estaríamos encaminados en el logro de esa fiscalía tan necesaria.
Ventajas y desventajas
Sobre las ventajas, el cargo de Fiscal de Corte en los últimos años se ha transformado en el cargo de mayor poder por lejos después del presidente de la República porque se transformó una fiscalía que era un inciso en el Ministerio del Interior y se transformó en un servicio centralizado. Díaz con su capacidad logró hacer un código, hacer instrucciones generales, logró modificaciones legislativas muy importantes entre ellas los fiscales no tienen tope horario. Un fiscal puede estar exigido trabajar 23 horas, no hay tope horario. Todo ese poder enorme debe de ser de alguna forma equilibrado. La cantidad de sumarios que se han aplicado a colegas fiscales por parte de la administración Díaz y ahora la administración Gómez que vendría ser una administración Díaz, una cantidad de sumarios muy importantes que luego terminan en el TCA siendo anulados, quiere decir que un organismos administrativo perfectamente por fuera del problema ha dicho están mal diseñados esos sumarios. Hay que nivelar poderes como en otras tantas áreas de la administración de servicio centralizado es equilibrar mediante un sistema colectivo de gestión, esa es la idea primordial del triunvirato.
¿La idea del triunvirato hubiera sido necesaria hace 20 años? No, porque la figura del Fiscal de Corte hace 20 años era una figurita más, nadie la conocía. Hoy es necesaria para equilibrar poderes.
Las contras me dicen que en el mundo no se conoce otro sistema y yo digo: ¿no podemos innovar? No hay que copiar, hay que racionar. El fiscal de corte no es que necesite una sustitución inmediata. Las decisiones se toman con calma y es por eso por lo que es necesario equilibrar.
Poder Judicial
El país debería funcionar de otra forma, los políticos deberían actuar de otra forma, pero lo que pasa es que la realidad no es debería. El cargo siempre fue político.
¿Cómo se creen que se eligen a los ministros de la Suprema Corte de Justicia? No pensemos como románticos, los ministros de la SCJ, ¿ustedes piensan que se eligen estrictamente por su curriculum vitae? Muchachos…
Ahora es peor porque el Fiscal de Corte tiene un poder tremendo porque un partido lo define y todo ese poder queda vinculado a ese partido.
La fiscalía de corte estuvo marcada por el FA con Jorge Díaz.
El Fiscal de Corte siempre ha sido un cargo político.
Creo que es mucho más democrático y mucho más republicano.
En el caso de Nacho Álvarez, el fiscal decía que sí y la Policía decía que sí lo hubo. Es enorme la diferencia.
El sistema tiene que ser clara, no tiene que dar sospechas. Lo de Iglesias fue una barbaridad, está cimentado de que él dijo que esto no está funcionando y el Fiscal de Corte interino Juan Gómez lo decapitó.
Hoy estamos en un sistema muy duro. El Fiscal de Corte tiene mucho poder y eso hay que controlarlo, el poder en exceso hace mal, hoy en día el fiscal tiene mucho más poder que Heber.
De las 141 mil denuncias que se archivaron, si se revisan por otro fiscal, ¿no puede haber otro criterio para aplicar? Es un tema estadístico, que viene otro fiscal con otro librito, con otros parámetros, Iglesias cambió el parámetro de la prisión obligatoria a la prisión domiciliaria de determinados imputados, y viene otro fiscal y cambia ese parámetro.
Iglesias es un tipo de izquierda que tiene bien puestas las ideas. No le gusta que lo pisoteen ni los de izquierda ni los de derecha. Estuvo en la asociación, en donde estaba dividido entre los pro Díaz y los anti Díaz. Díaz tuvo la virtud de que fue como Cristo y pasó la raya y dijo: ‘o están conmigo o que están contra mí’, no le gustaban los tibios, en eso compartíamos totalmente. Habíamos muchos que estábamos en contra, como estoy en contra de la política autoritaria, del sumario, de la prisión, de hacer llorar a la gente, estoy en contra, la compañera que falleció y sus últimas palabras fueron: `no aguanto más este sistema’, un sistema que considero esclavista. Los que estamos en contra de ese sistema estuvimos en la asociación representada, Iglesias estaba en los contra perteneciendo ideológicamente sin embargo al Frente Amplio. Son rarezas que se dan y tampoco son las primeras que se dan.
En el caso de Kechichian, qué dijo el fiscal y qué dijo el juez con respecto a los excesos que cometió Kechichian si eran susceptibles de responsabilidad penal, el fiscal dijo cometió excesos, pero a mi juicio no eran susceptibles de responsabilidad penal y el juez dijo: ‘a mi no me convence la posición’. Qué caso más cerquita en donde hay dos posiciones.
¿Por qué el delito sexual tiene primacía sobre el delito económico? Los delitos están establecidos en el código penal y no dicen esto son lo más graves, en todo caso por la penalidad, la penalidad de los delitos sexuales llegan a 12 años de prisión y la penalidad de los homicidios llega a 30 años de prisión. Eventualmente los delitos económicos cuando se suman pueden llegar a una graduación superior al de los delitos sexuales.
Hay ideología y no existe un análisis del frío de la Justicia cuando se dice que la palabra del hombre vale menos que la palabra de la mujer.
SCJ pide a jueces de familia información sobre idoneidad de Ong
Denuncias de abuso y maltrato en programa para hombres violentos.
Futuro presidente de la SCJ: "Hay que incrustar" la perspectiva de género dentro del Poder Judicial
El 1º de febrero, John Pérez asumirá la presidencia de la Suprema Corte de Justicia en sustitución de Tabaré Sosa. Lo hará en un momento histórico, ya que por primera vez la Corte tendrá mayoría de ministras mujeres, luego de la asunción de Doris Morales en el lugar de Luis Tosi. Pérez ha señalado que buscará darle un nuevo perfil a la Suprema Corte y mejorar las tensiones que se generaron con jueces y abogados en el último período.
Pérez se refirió a los dichos de integrantes de Cabildo Abierto y afirmó que "no hay justicia para enemigos" y que quienes cometieron delitos de lesa humanidad son "justiciables como cualquier persona". Por otro lado, el futuro presidente reconoció problemas de comunicación dentro de la SCJ y que se necesita "crear una política de comunicación".
Prioridades para su presidencia
No hay rispideces. He hablado sobre lo que va a ser mi forma de trabajar. Cada cuestión va a ser absolutamente explicada en por qué sí y por qué no. Yo no soy el dueño de todas las decisiones. Mi función es representar orgánicamente a la corte. Cada uno tiene su propia impronta de trabajo y voy a hablar de lo que yo voy a hacer.
El problema de fondo es resolver qué tipo de concurso se van a hacer para ingresar. Ese reglamento hay que mantenerlo.
Es la primera vez que va a haber mayoría de mujeres por lo que es un honor para el país. Hay dos cortes que son la de Venezuela y Paraguay que tienen mayoría mujeres. En proporción será la primera. Son todas juezas de carrera. Se trabajará como se trabajó siempre. En este momento son 75% mujeres en todo el Poder Judicial. A los cargos se van llegando por antigüedad. Al principio los primeros años sí hubo discriminación hacia las mujeres.
La perspectiva de género debe ser aplicada dentro de los parámetros por hombres y mujeres, hay que incrustarla en el Poder Judicial, no es algo de hombres o mujeres.
Críticas de abogado Fagúndez
Cada expediente tiene sus propias instancias. Yo no he visto ninguna tendencia. Tenemos que capacitar a jueces y juezas en perspectiva de género en su totalidad. Lo tienen incorporando pero lo tienen que seguir profundizando.
Dichos de la senadora Graciela Bianchi sobre la Justicia
En principio no comparto sus declaraciones. Está dentro de la libertad de expresión. Si tiene alguna denuncia que hacer, que la haga por las vías correspondientes. No podemos hacer críticas sin casos concretos ni pruebas concretas. Es una ciudadana como cualquiera. En mi función voy a tratar de tener los mejores vínculos con los demás poderes y tener diálogo con el Parlamento.
El problema de imagen puede haber por falta de comunicación. Si somos evaluados por organismos internaciones y tenemos una buena posición, no estamos tan mal. No se comunica bien. Se necesita crear una política de comunicación. Tenemos mejor visión dentro de la gente que ha usado el Poder Judicial respecto a la gente que jamás la ha utilizado.
Garantías en el acceso a la Justicia de mujeres, niños y niñas
Es imposible verlo general. Tendría que ver casos concretos. En la cuestión de tiempos hay que tratar de mejorarlos. Hay que reconocer que hay cosas que se alargan demasiado.
Declaraciones de Cabildo Abierto
“Enemigos” no existen. Son totalmente juzgados de acuerdo a la ley. Hay que ver los indicios concordantes. Los hechos que yo vi en la Corte sí han sido probados. No hay justicia para enemigos. Es un justiciable como cualquier persona.
Polémica por las barras bravas en el fútbol
Sobre el caso concreto a mí también me llamó mucho la atención. A nivel personal puede ser que sí (que se tenga que revisar que mientras que la persona espera que termine la causa quede en libertad).
Hay casos en los que no debería darse prisión preventiva. Desde 2017 para acá el responsable del CPP es Fiscalía. El juez es de garantía. Los juicios en sí son muy pocos. Hay cosas más preocupantes. Tenemos recursos de revisión de personas que se le llega a un acuerdo con nombres que no son. El PJ homologa, no revisa todo. Lo que no sé es por qué no se ficha a la persona cuando se la agarra.
Reunión secreta entre actual presidente Tabaré Sosa y Lacalle Pou
Desconozco el contenido de la reunión. Cada uno tiene su forma de trabajar.
Hemos tenido restricciones presupuestales pero por suerte las hemos ido sorteando. El PJ funciona bien, no como yo quisiera pero funciona bien. Los recursos para los juzgados de Género están garantizados. Los juzgados de Paz están garantizados. La plata para alquileres no se reajusta, por lo que esa plata tiene que venir de otro lado.
Graciela Gatti sobre las declaraciones de Bianchi: "Estas afirmaciones genéricas no sirven al país"
Las declaraciones de la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, respecto a jueces y fiscales no pasaron inadvertidas y fueron rechazadas por parte del sistema político así como también por los involucrados.
La Asociación de Magistrados emitió un comunicado en el que destacó “el compromiso de los jueces con los principios del debido proceso, independencia e imparcialidad” y recordó que “quien considere que los mismos en algún caso no se han cumplido tiene a su alcance las vías legales pertinentes para hacer los reclamos que correspondan”.
Comunicado de respuesta tras declaraciones de Graciela Bianchi
Sentimos la necesidad de salir a informar a la población porque nos pareció que las afirmaciones de la senadora eran graves. Primero por lo que significan que sostener que el Poder Judicial está infiltrado por un partido político, eso señala que los jueces estaban violando la parcialidad e independencia que deben tener en relación a la política y eso ya es muy grave. Lo peor es que se hacía unas afirmaciones genéricas que no sirven para nada, son contraproducentes totalmente y no se señalaba ningún hecho concreto. Si realmente la senadora cree o tiene elementos para pensar en determinado caso, si algunos o muchos de que esto ha ocurrido, lo que se le requeriría que haga las denuncias pertinentes para eliminar este tipo de problemáticas si las mismas existieran, nosotros creemos que no es así. Si alguien entiende que efectivamente el Poder Judicial del Uruguay no es independiente que haga las denuncias correspondientes.
Las instituciones funcionan, hay mecanismos, se puede recusar al juez dentro del proceso en el que está interviniendo, se lo puede denunciar ante la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto mecanismos hay, pero en caso de que se crea que esta problemática existan, pero creemos que estas afirmaciones genéricas no aportan.
Casa de Galicia
No tenía información de que si la senadora había dado un ejemplo sobre algún hecho concreto, no accedí a los audios, solo a la nota de Semanario Búsqueda. Con relación al caso de Casa de Galicia en particular es un caso que se está gestionando, no tengo ninguna opinión completa. Para opinar uno debería examinar todo el expediente para ver los elementos planteados. El Tribunal de Apelaciones correspondientes será el que dirá si el juez actuó bien en disponer el cierre.
Jueces
No nos sentimos presionados. Sabemos que estas situaciones pueden ocurrir, de hecho ocurren que se cuestiona a la Justicia. Nuestro trabajo somos funcionarios públicos y estamos sujetos a las críticas. Pero este tipo de manifestaciones de forma en general, no sirven al país, ni a la institucionalidad del país, ni tampoco para corregir errores. No es bueno para nadie, mucho menos para la Justicia. Salimos preocupados a señalar que si alguien tiene denuncias para hacer que las haga porque es lo más saludable para todos.
Creemos que ningún juez se sienta presionado, porque estamos habituados que estas cosas puedan suceder. Lo que sí creemos es que no es algo bueno para el país y por eso la preocupación.
Se van dejando mensajes en la población. Quien conoce el sistema judicial uruguayo y trabajó con él seguramente no se sienta influido por estos comentarios. Qué puede pensar un inversor que una senadora del país que el sistema judicial uruguayo está infiltrado por un determinado partido políticos, es quitarle credibilidad a un propio país. Hubiera sido bueno que algún actor del sistema político hubiera hecho alguna declaración sobre esto.
Los comentarios tal como fueron hechos dejan un mensaje sin aporta run contenido concreto. No son buenos, no son serios, si hay un poder del estado que no esté funcionando habría que señalar el hecho concreto y las pruebas. No puedo sostener que todos los jueces actúan de buena manera, porque todos se equivocan, pero hay herramientas en la ley para erradicar ese tipo de problemas. No se logra solucionar solo con un simple titular que el sistema judicial está infiltrado.
Críticas de Juan Fagúndez hacia el Poder Judicial
Discrepo totalmente con lo que dice el doctor Fagúndez. Ha sido bastante crítica con el funcionamiento con el proceso del nuevo código penal. El nuevo sistema ha significado un cambio en la forma de trabajo, hay gente que le gusta los cambios y hay gente que no se adapta a los cambios y trata de resistir a la reforma. No se está trabajando mal. Discrepo en un ciento por ciento con lo que dijo el doctor Fagúndez. A nivel de debate el sistema ha mejorado sensiblemente.
Desde la Asociación de Magistrados estamos tratando de trabajar activamente para lograr mejoras en el sistema judicial. Aspiramos que haya un sistema mucho más completo para la elección de que juez asciende o no. Ser todo más transparente hacia la población. El sistema de designación de cada juez sea abierto y transparente que cada uno públicamente conozca
Relacionamiento con ministros de la SCJ
El año pasado fue un año complejo en el relacionamiento con la Suprema Corte de Justicia, hemos tenido poca respuesta de los planteos que se han hecho desde la Asociación de Magistrados. Eso motivó nuestra decisión de no concurrir a ese evento.
Defensores públicos denuncian casos de abuso policial ante la Suprema Corte de Justica
Debatimos sobre los procedimientos policiales y las garantías para la ciudadanía con Victoria Muraña, integrante de la Asociación de Defensores Públicos, y con Andrés Ojeda, aogado y asesor del Sindicato Policial.
Diego Pescadere: "La SCJ en vez de proponer una solución a un problema, plantea un problema a una solución"
Conversamos con el presidente del Colegio de Abogados, Diego Pescadere, quien habló sobre la nueva normalidad en el Poder Judicial, el impacto de la pandemia y los cambios que se necesitan en el Poder Judicial. También comentó las propuestas presentadas en el parlamento, su visión sobre el impacto del cierre de los juzgados y las críticas a los cambios del sistema judicial en la pandemia.
Críticas a los cambios del sistema judicial en la pandemia
El antecedente que tenemos que mencionar que antes de la Semana de Turismo se detectaron unos días inhábiles se provocó una feria judicial sanitaria y eso determinó que el 95 % de las actividades quedaran congeladas, salvo algunas muy específicas. Desde el pasado lunes la Suprema Corte de Justicia decidió levantar esa feria judicial, pero no de forma absoluta. A través de un régimen intermedio que permita realizar algunas actividades, comienzo de movimiento de algunos expedientes en un marco de cierta inseguridad jurídica, son muy pocas las oportunidades que se pueden hacer. No corren los plazos procesales al no estar todas las garantías. Cuando corren los plazos procesales uno tiene el deber de realizar determinadas actividades en determinado tiempo y cuando no pasa hay consecuencias gravísimas.
Esto no es una condición que pueda ser estable y que se mantenga en el tiempo. Lo que es necesario es generar un modelo alternativo para que se normalice la actividad, para que no tengamos los juzgados cerrados y haya una feria judicial total.
La pandemia afectó a todo el mundo, eso nos permite recibir las experiencias de otros países, no solo de los países del primer mundo sino de la región. El modelo alternativo o tradicional de los expedientes en papel, de las presentaciones escritas realizadas en los propios juzgados es un modelo tecnológico, es decir, por ejemplo en los escritos judiciales se envíen por correo electrónico o en el caso del Poder Judicial tiene una muy buena ventanilla única judicial al cual en un portal se pueden subir esos escritos y se evita la presencialidad. Ese es el plan alternativo que en todo el mundo durante la pandemia ha permitido que los poderes judiciales siguieran funcionando. El colegio de abogados del Uruguay con el apoyo y respaldo del Colegio de Abogados del Interior presentamos un proyecto de ley el 14 de abril de 2020 para generar un modelo de justicia que permita realizar un altísimo porcentaje de sus actividades a través de este medio sistemático.
Propuestas al parlamento
Fueron 40 días de los cuales estuvieron cerrados los juzgados. No solamente que tenían más tiempo sino menos urgencia. Si tengo un servicio paralizado, tengo que movilizarme de manera urgente para poder generar una reapertura definitiva de ese servicio. Ese es el deber de uno de los poderes del Estado.
Impacto del cierre de los juzgados
Uno de los problemas centrales que ofrece la implementación de un sistema de realización de actos procesales a distancia son las firmas de las personas. Todos los países que se han implementado este método de este tipo, fue implementar solamente a los abogados.
Para implementar un sistema de realización de actos procesales a distancia se requería la firma digital avanzada de todos los judiciados y eso es realmente absurdo. Los judiciales es la población entera del Uruguay. La Suprema Corte de Justicia la respuesta que da es que todos tengan el sistema de firma avanzada. La cédula nueva que tiene un chip esas permitirían que las personas firmen documentos con firma digital avanzada. ¿Saben cuál es el problema? Vamos acotar solo a los adultos, de la población total del Uruguay los adultos son más o menos unos 2 millones 800 mil personas, que potencialmente firmarían escritos judiciales, más o menos son los mismos que están habilitados para votar, inclusive debería haber algunos más algunos no son ciudadanos uruguayos ante la ola inmigratoria. De esos 2 millones 800 mil , ¿saben cuántas cédulas con chip están emitidas? 1 millón 200 mil, lo peor de todo es que de ese número solo el 25 % se acuerda de su número de PIN. El modelo que planteamos nosotros que existe en el mundo es un modelo racional, pidámosle firma digital a los abogados, que son unos 8.500 abogados ejerciendo la profesión, de los cuales aproximadamente unos mil trabajan en la administración pública y muchos ya tiene firma digital por eso. Hay muchos de los 8.500 que están colegiados y hemos firmados convenio para obtener firma digital avanzada hace meses, es decir, eso es un tema que está en vías de solucionarse, en 30 días a lo sumo todos la tendrán. La Suprema Corte de Justicia en vez de proponer una solución a un problema, lo que plantea es un problema a una solución.
Mónica Bottero: "No nos parece bien que se esté toqueteando la Ley de violencia que costó tanto construir"
La Suprema Corte de Justicia le trasladó días atrás al presidente Luis Lacalle Pou la imposibilidad de instalar tres juzgados especializados en género en el interior del país. La decisión se basa en cuestiones presupuestales y causó preocupación en distintos ámbitos, entre ellos, el Instituto Nacional de las Mujeres. Su directora, Mónica Bottero, resolvió que ofrecerá recursos del organismo para revertir la situación.
Cómo tomaron el anuncio
Nos tomó por sorpresa porque esto había sido un proceso durante la discusión del presupuesto y se había llegado a un acuerdo. El mensaje inicial no iba en los mensajes que se habían pedido. Quizá no se había transmitido la urgencia y la importancia de poner estos juzgados a funcionar. La viscepresidenta y algunos otros legisladores y legisladoras pidieron que se buscaran fondos en algún lado para crear al menos tres juzgados especializados en el interior. Se encontraron esos fondos y se necesitaba un poco más. La Suprema Corte decía que salían 71 millones de dólares por año. Luego de la noticia de que había 20 millones de ahorro que los dejaba como fideicomiso para decidir en dónde usarlo, le fui a ofrecer a la presidenta de la SCJ que se podía usar eso para los juzgados. Ella estaba gradecida, pero temerosa porque esos 14 que faltaban se iban a financiar con una especie de tasa de 1 UR. Estaba preocupada de que eso no le alcanzara y le pasamos eso que con eso sí le iba a alcanzar. A fines de diciembre la corte ya no era tan optimista en poder hacer estos juzgados porque dijeron que en el presupuesto no estaba y necesitaban que esto fuera formal. Le dije que esto era la palabra del gobierno. Parece que no fue suficiente.
La comisión de presupuesto no derogó dos literales del art 51 del a Ley de violencia. Uno obliga en los casos penales hasta dos años después de un caso de violencia doméstica, tienen que ser tratados en el mismo juzgado donde se trató violencia doméstica. El otro literal dice que todos los casos de violencia doméstica tienen que ser tratados en un mismo juzgado. Esto es central. La mujer una vez que denuncia tiene que iniciar un largo peregrinaje por varios juzgados. Los juzgados multimateria existen por la ley. Estos especializados son un avance importante. Al quedar vigente la ley por fuero de atracción, según la corte esto implica mucho más personal y los juzgados se van a desbordar. Esos 71 millones quedan cortos. Nosotros estamos dispuestos a ofrecer un poco más. Creo que sentándonos a conversar va a haber un acuerdo y vamos a poder generar un acuerdo.
La cuestión por el presupuesto
La ley hizo un buen cálculo en base a esos tras juzgados. El tema que esos dos literales se iban a derogar. Derogándose esos dos literales, el presupuesto era correcto. A nosotros no nos parece bien que se esté toqueteando la Ley de violencia que costó tanto construir. Se hizo en 10 años casi y consultando a todo el mundo. Esto afecta sobre todo a las mujeres del interior y a las de menores recursos, a los niños para que no tengan que ir juzgado por juzgado resolviendo una situación. Al ser una situación muy compleja, hay varios juzgados. Hay un montón de situaciones que hacen que tenga que ir el niño al juzgado. Imagínense una mujer que vive en el interior y tiene que ir a una localidad con el niño enfrentándose a un montón de situaciones. Ese literal se quería sacar. Al no sacarse, hace que los juzgados se hagan más grandes y más caros. Nosotros desde el gobierno estamos dispuestos a rever la estructura del presupuesto para buscar una posibilidad. Tengo entendido que también están buscando otro tipo de soluciones. La orientación es que esto hay que resolverlo.
El viernes después que hice una recorrida en Melo me llamaron para decirme que el doctor Sosa estaba interesado en que conversáramos y creo que puede haber un acuerdo y los juzgados se van a hacer.
Compromiso por la violencia de género
Tomamos el gobierno con una ley que hacemos hacer cumplir. Nos comprometimos todas las mujeres de la coalición y con el compromiso del nivel más alto que esto iba a ser priorizado por el gobierno y en el presupuesto. Con todas las restricciones de este año a nosotros nos pidieron que no redujéramos el presupuesto y se nos dio un 20 % más para el sistema de respuesta del 0800. El servicio de atención a hombres va a pasar a todos los hombres. Tenemos también un servicio de hogares para mujeres en situación de trata. En eso no tenemos ninguna restricción, al contrario. El pedido había sido terminar todo el edificio de la aguada donde se van a alojar todos los juzgados y a eso se le dijo que no. A instancia de la viscepresidenta y otros legisladores con sensibilidad por este tema, se logró que se crearan estos tres juzgados. Lacalle Pou me dio su respaldo y sé que hubo instrucciones de que se creen.
Se van a crear este año y sino, será a principios del año que viene. Hay respuestas ahora. Según el departamento, se está entendiendo en materia penal o en juzgados civiles. Lo ideal es que estos juzgados empiecen a funcionar. Es muy poco lo que falta. Hay una parte que ya la tienen. Hay una parte del fideicomiso y yo confío que va a haber un esfuerzo de Economía y es muy poco lo que falta para poder resolver esto.
La corporación judicial que le dé una relevancia de primer orden a este tema, las dificultades que hemos tenido para lograr eso es la misma que tenemos en otros ámbitos, incluso en el propio ámbito de la política. A medida que las generaciones se han ido renovando, esto se ha entendido mejor. A costado hacerle entender que los temas de violencia doméstica no son temas de segunda o tercera categoría,. La cultura cuando son “temas de mujeres” son temas que no tienen la relevancia en la agenda pública que tienen otros. Eso ha sucedido. Creo que hubo una falta de preparación y de vocación por la sensibilidad en este tema dentro de la corporación judicial. En el mundo la violencia de género es una especialidad del derecho, acá es como una cosa que les cayó.
Me parece que tendríamos que renovarnos en este tema. Confío en las nuevas generaciones y en el esfuerzo. Si los juzgados se hacen vamos a ganar todos
Suprema Corte de Justicia informó que no podrá crear juzgados de violencia de género
Lo conversamos con la directora de Inmujeres, Mónica Bottero.
Los funcionarios del Poder Judicial reiterarán a la Suprema Corte de Justicia su preocupación por la falta de funcionarios
Esto a su entender no permite la correcta realización de las tareas.
En un comunicado emitido este lunes expresan que el planteo de la falta de trabajadores se da en todo el país, y si bien es preocupante en Montevideo, en el interior es más grave, donde hay lugares que no pueden trabajar.
Afirman que el Poder Judicial tiene una plantilla de 4.900 trabajadores y en este momento está funcionando con casi 1.000 menos, debido a que hay muchos que no se reintegraron después de la feria extraordinaria decretada por la pandemia.
La Asociación de Funcionarios reitera el reclamo para que se llenen 600 vacantes que han quedado libres y trasladarán esta preocupación a las autoridades del Poder Judicial con el fin de paliar una situación que se agravó por la emergencia sanitaria.