"Estábamos a tres meses de las elecciones, por lo que hay que descartar cualquier tipo de intencionalidad política. El Gobierno tomó la decisión sin saber qué iba a suceder en las elecciones", agregó el director de la OPP.
Una de las primeras reuniones de la transición tuvo entre el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, y la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche.
Según contó a Telemundo el presidente electo, Luis Lacalle Pou, en ese encuentro se hablaría de "temas de Imesi, de aumento de salarios públicos y de todos los temas que inciden en los ingresos y egresos del Estado". Y también, por supuesto, una de las prioridades fue la decisión del Gobierno saliente de no aumentar las tarifas, algo que había anunciado el Ministerio de Industria en julio y que ratificó este lunes, horas después de que Lacalle Pou se reuniera con el presidente Tabaré Vázquez.
Abordamos el tema junto al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García.
Creo que cada transición se va mejorando. Pero aparecen diferentes temáticas y primero hay que valorar algo importante: la reunión del presidente electo con el presidente de la República. Desde ahí se dispara un proceso muy bueno.
Este tipo de temas van a surgir en la transición. Ante la consulta de un periodista, casualmente el mismo día porque ese día hubo Consejo de Ministros, el ministro de Industria recuerda una decisión tomada anteriormente en julio. El “probablemente” está preanunciando de que sí, de que es la intención.
Estábamos a tres meses de las elecciones, por lo que hay que descartar cualquier tipo de intencionalidad política. El Gobierno tomó la decisión sin saber qué iba a suceder en las elecciones.
Hubo un permanente reclamo, principalmente de los sectores productivos, vinculados a algunos costos, y el Gobierno ha sido sensible en ese tema. También escuchamos a la oposición hacer un reclamo permanente con referencia a esto, diciendo que las tarifas se podían bajar un 15 % en materia eléctrica, por ejemplo.
A partir del 1º de marzo habrá un Gobierno y ellos tomarán sus decisiones. Las empresas en este período de Gobierno siguieron los lineamientos planteados, que implicaron una reducción del 15 % de los gastos de funcionamiento, bajando horas extras, publicidad, viáticos, etc. También se estableció la regla del dos por tres en los funcionarios públicos.
Ancap hace cuatro años que tiene ganancias. Y si no tiene más es porque el criterio ha sido trasladar esa ganancia a los precios.
Tuvimos una muy buena charla con Azucena Arbeleche, tenemos una buena relación porque trabajamos juntos en el Ministerio de Economía. Se hicieron diversas solicitudes de información, que tiene que ver con la situación de cada una de las empresas. Le vamos a hacer llegar la información apenas la tengamos.
Hay un convenio colectivo vigente y hay que cumplirlo en relación a los salarios públicos: va a haber un ajuste prácticamente vinculado a la inflación.
Esta actitud es de responsabilidad y no irresponsable. Hoy las empresas públicas están en una situación buena. Cuatro meses antes de las elecciones anunciamos que no habría modificaciones.
Las empresas públicas volvieron a tener un equilibrio financiero y eso permitió que volvieran a hacer aportes.
El 10 de diciembre tendremos una serie de informes que ya hemos solicitados a varios ministerios. Es de esperar que dentro de unos días el Gobierno entrante tenga definido su gabinete y que se pueda empezar a trabajar de manera bilateral.
Esto no implica la cifra de 400 millones de dólares que se ha manejado, que es un número que está mal. La dilatoria que podría haber en el ajuste de tarifas sería en un máximo de dos meses. El número especulativo sería de 67 millones y sería un número de máxima.
Durante todos estos años escuchamos que había que bajar las tarifas. La decisión de subirlas la tomará el próximo Gobierno. No está prevista una revisión sobre nuestra decisión.
La cifra de la que se habla no afecta una gran baja del déficit.
